Durante los últimos años en Chile, y el resto del mundo, el reconocimiento de los derechos identitarios de las personas trans ha ocupado parte del debate en la agenda pública para la igualdad de género. Si bien, en el año 2018 se publica en nuestro país la Ley N°21.120, que reconoce y da protección a la identidad de género, movimientos activistas por los Derechos Humanos y fundamentales de las personas trans siguen denunciando la precarización de sus condiciones de vida.
Estas denuncias apuntan, principalmente, a las barreras tanto en el acceso a servicios y bienes como al ejercicio pleno de sus derechos fundamentales. A su vez, se mira con preocupación el alza de movimientos antiderechos y neoconservadores que, ante las transformaciones necesarias para crear mayores condiciones de igualdad, anteponen un discurso de inseguridad y caos social/sexual como posibilidad del colapso “de todo lo que conocemos dentro de los parámetros morales de la sociedad”.
¿Qué es lo importante de reflexionar ante ello? Existe una delgada línea respecto a la estabilidad y permanencia en la aplicación del derecho en grupos históricamente discriminados y subrepresentados ante el devenir de crisis sociopolíticas, como el aumento de la delincuencia, la guerra y la inestabilidad económica. Los grupos neoconservadores cuestionan las políticas de equidad como si de ellas dependiera el restablecimiento de lo “normal”, habilitando así -de manera evidente- plataformas para la reproducción de discursos antiderechos.
No es suficiente avanzar en leyes cuando en términos cognitivos, culturales y sociales no se ha sido capaz de comprender que la “cuestión trans” va más allá de las propias vivencias de estas personas. En rigor, el tema nos interpela respecto al orden integrado como “natural” en relación al sexo, género y el deseo sexual en nuestra sociedad.
Resulta fundamental comprender que cuando se resiste al cambio, bajo la idea de volver a una “normalidad” o a la “naturaleza del orden de las cosas”, estamos invisibilizando que todo lo que conocemos hoy respecto a -por ejemplo- la funcionalidad de la familia, la división sexual del trabajo, las desigualdades binarias hombre-mujer y las normas que nos castran en nuestra libertad corporal, no son más que construcciones sociales, históricas y políticas que no responden a una neutralidad genuina: comprenden más bien a nociones de poder y control, que encarnan, engranan y profundizan la perpetuación de la desigualdad social. Los discursos normalizadores no comprenden una neutralidad intrínseca.
Surge la pregunta, entonces, en torno a qué clase de sociedades pensamos en el presente y para el futuro.
Los avances del último tiempo se ven amenazados ante un proyecto deshumanizante, planteado desde el privilegio de no incomodarse con la imposición de la norma de género, atreviéndome a decir -incluso- desde otras normas de privilegio. No se trata sólo de declaraciones discursivas, sino que ponen peligrosamente en cuestión las posibilidades en cómo gestionar y autodeterminar nuestros roles en la sociedad, obstaculizando la posibilidad de alcanzar la libertad de un cuerpo que diside de lo esperado de él y, por consiguiente, merman el desarrollo individual y colectivo de una sociedad democrática.
Si se cuestionan las existencias trans y sus derechos, nadie garantiza que no se podrán cuestionar luego los derechos de las mujeres, de las niñas y niños, de las personas con discapacidades, migrantes, empobrecidas, entre otros grupos. El llamado es a quebrar los discursos de poder que amenazan nuestra humanidad diversa.
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