En Chile, el debate sobre la reforma de pensiones parece estar atrapado en una trinchera política interminable. Lo que debería ser un diálogo serio y basado en evidencia empírica, centrado en las personas mayores y sus necesidades reales, se ha transformado en un campo de batalla ideológico donde lo urgente queda eclipsado por discursos vacíos. Mientras tanto, quienes son las verdaderas protagonistas (las personas mayores) enfrentan cada día los efectos de un modelo que no solo es económicamente insostenible, sino que además precariza su salud física, mental y social.
La evidencia internacional es clara y contundente: en países con sistemas de pensiones robustos y solidarios, las personas mayores viven más y mejor. Por ejemplo, un estudio de la OMS muestra que aumentar los ingresos en la vejez reduce las enfermedades crónicas en un 20% y disminuye la mortalidad prematura en un 20%, especialmente aquellas relacionadas con la pobreza y el estrés. En Canadá, un aumento del 10% en las pensiones logró reducir las hospitalizaciones en un 8% y las visitas médicas frecuentes en un 15%. En Suecia, donde el sistema de pensiones es reconocido por su enfoque equitativo, el 70% de las personas mayores participa en actividades sociales y comunitarias, lo que fortalece su salud mental y física, a la vez que mejora su calidad de vida y reduce la dependencia del sistema de salud pública. Estas cifras no son casualidad: garantizar ingresos dignos significa menos enfermedades, mayor bienestar y comunidades más cohesionadas.
En Chile, la realidad es alarmante y exige respuestas inmediatas. Un 29% de las personas mayores presenta síntomas depresivos, cifra que se dispara en los quintiles más pobres, donde las pensiones no superan los $250.000. El 40% de las personas mayores con ingresos bajos se siente socialmente aislado, y un 32% no compra medicamentos por falta de recursos, mientras que un 20% posterga tratamientos médicos. Además, quienes dependen exclusivamente de la Pensión Básica Solidaria (PBS) tienen una expectativa de vida 2 años menor que aquellos con pensiones más altas. Más preocupante aún, la mortalidad prematura por causas evitables, como enfermedades cardiovasculares e hipertensión, es 25% más alta en las personas mayores del quintil más pobre. A esto se suma que el gasto promedio en salud supera los $70.000 mensuales, una cifra que las actuales pensiones simplemente no pueden cubrir, obligando a las personas mayores a elegir entre medicamentos, alimentos o vivienda.
El silencio es aún más ensordecedor cuando hablamos de las mujeres mayores. El 85% de ellas recibe pensiones menores a $200.000, un reflejo de una vida laboral marcada por interrupciones, trabajos no remunerados y salarios desiguales. El sistema actual castiga el trabajo no remunerado, como la crianza y el cuidado de otros, roles que en su mayoría han sido asumidos por mujeres a lo largo de su vida. En un país donde la pobreza tiene rostro de mujer mayor, discutir pensiones sin enfoque de género es un insulto. Las mujeres mayores viven las peores consecuencias de un sistema de pensiones que perpetúa la desigualdad de género, y reformar el sistema con este enfoque no es solo un acto de justicia, sino una urgencia para garantizar un mínimo de dignidad a más de 1,6 millones de mujeres que hoy viven en la precariedad.
La mayoría de las chilenas y chilenos lo tiene claro: el 80% de la población considera que es fundamental que la reforma se apruebe en este gobierno, según Cadem. Sin embargo, ¿por qué no está pasando? ¿Por qué seguimos atrapados en discusiones ideológicas estériles mientras la gente muere esperando? Reformar el sistema de pensiones no es solo una discusión política: es un imperativo ético, social y económico. Mejorar las pensiones no solo entrega dignidad a las personas mayores, sino que además reduce los costos en salud, fortalece el bienestar mental y genera un impacto positivo en familias y comunidades.
Si bien las personas mayores no son cifras, los datos son aplastantes y ausentes del debate público. Las reformas no pueden postergarse más. Es hora de ampliar la conversación, incorporar un enfoque de género y escuchar la evidencia que, con toda claridad, nos muestra que garantizar pensiones dignas no es caridad: es justicia. El derecho a envejecer con dignidad no puede depender de acuerdos circunstanciales. Se trata de un compromiso real con un país más justo, solidario y humano.
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