Los diferentes hechos noticiosos de las últimas semanas han dado poco espacio para abordar de forma profunda la crisis instalada en la educación pública en general y en los liceos emblemáticos en particular. Pues la explosión que sufrió el Internado Nacional Barros Araña (INBA), cuna de presidentes y líderes intelectuales del país, no sólo es grave por el daño causado a sus estudiantes, sino porque es síntoma de una convivencia democrática muy mal entendida.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) formulan con claridad la intención de alcanzar una paz duradera desde la formación escolar, indicando cómo uno de sus principales propósitos el “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”.
Sin embargo, en Chile los liceos emblemáticos hace rato parecen estar transitando hacia un modelo completamente opuesto a La Paz y la democracia como fundamento educativo, siendo legítimo preguntarse, ¿qué educación estamos construyendo?, o también ¿qué se entiende por democracia en los espacios educativos?.
Hay quienes piensan que la educación pública, y es especial la de los establecimientos emblemáticos, se ha nivelado hacia abajo por aunar estudiantes de distintas trayectorias en un mismo espacio escolar, como si meritocracia fuera sinónimo de segregación. Otros piensan que faltan sanciones más drásticas que las estipuladas en la Ley Aula Segura, como si educar fuera sinónimo de sistemas penitenciarios. Y quienes creemos que esto es mucho más profundo y responde a un modelo de sociedad que hemos venido construyendo desde hace unos 50 años, donde el fuerte es sinónimo de poderoso y poderoso es sinónimo de impunidad.
Un ejemplo que se visualiza en discursos, acciones y penas judiciales, donde la desigualdad social se instala como violencia institucional, profundizándose cada día más. Son brechas que no sólo se grafican en lo académico sino también en los entornos escolares e interiores de los establecimientos, pues tenemos que preguntarnos: ¿cómo podemos disminuir la desigualdad cuando unos colegios (privados) tienen en sus alrededores bosques y lagunas mientras otros están rodeados de botillerías, microtráfico de pastillas en ferias libres y basurales?, ¿es posible construir un futuro para nuestros niños, niñas y adolescentes que les brinde seguridad, paz y democracia del mismo modo, si la propia legalidad y autoridad institucional no los protege?
Hoy tenemos una tragedia que lamentar, pero quienes hacemos parte del sistema educativo no podemos hacer de cuentas que este tipo de situaciones son hechos aislados o de una minoría que se radicalizó y no entiende de argumentos, sino que debemos asumirlos como el síntoma que encuba una enfermedad mucho más grave y de la cual hay que poner mayor atención para elaborar su tratamiento.
Hace unas décadas Francoise Dubet advertía sobre el declive de las instituciones educativas por una pérdida de autoridad, pero no la autoridad del poderoso impune, sino la del respeto y de construcción social de la valoración de las personas, algo que claramente nos falta para no volver a tener que hablar una vez más de fuego, escuela y convivencia.
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