ACONCAGUA (27/01/2022).- La minería se constitucionalizó por primera vez en Chile durante el año 1971 con el objetivo de iniciar la nacionalización del cobre, por su parte la Constitución 1980 como pocas en el mundo, dio un tratamiento extenso a la actividad minera y hoy, a pocos días de terminarse el plazo para las iniciativas constituyentes, se ingreso una iniciativa presentada por diversos colectivos que viene a mantener el equilibrio entre el cuidado del medio ambiente con la actividad minera tanto de empresas del Estado como privadas.
Según expertos, uno de los grandes defectos que ha presentado el sistema minero actual, es que se permite que cualquier persona sea titular de una concesión minera, como agricultores e inmobiliarias, y también especuladores mineros, los que solo las constituyen para posteriormente venderlas o negociar con los dueños de los predios superficiales, existiendo hoy un gran porcentaje de concesiones en manos de titulares cuyo giro no es la actividad minera, lo que ha permitido una concentración de concesiones. Otro aspecto a considerar, es el derecho de propiedad que se entrega al titular de la concesión minera de carácter indefinido, lo que permite al concesionario, respecto de un derecho entregado “prácticamente” a título gratuito, venderlo, heredarlo, aportarlo a una sociedad, incluso especular y negociar con los dueños de predios superficiales”
Dado lo anterior, el Convencional por Aconcagua Claudio Gómez sostuvo, “proponemos que las concesiones mineras no constituyan dominio y se otorguen por un acto administrativo a través de un órgano autónomo de rango legal y de forma transitoria, además, se hace necesario que la actividad minera quede supeditada a la efectiva explotación del yacimiento y al cumplimiento de medidas en resguardo de su entorno ambiental, como también que parte de las regalías o tributos que genere la actividad quede en el territorio, como una forma de retribuir o reportar beneficios a la comunidad”.
Agregó que “se hace necesario un nuevo estatuto minero que establezca en prioridad el cuidado de la naturaleza, pero que a la vez permita la actividad minera por parte de empresas del Estado y particulares, por lo que el nuevo texto constitucional debe establecer un régimen especial de protección de los bienes del dominio público a partir de determinados principios como la utilización racional del recurso, el equilibrio ecológico o ecosistémico, la solidaridad intergeneracional y el desarrollo sostenible, estableciendo en primer término que los recursos mineros son del Estado, y que al legislador le corresponderá determinar que sustancias son o no concesibles, resguardando para el Estado y sus empresas las sustancias minerales de valor estratégico como el litio, hidrocarburos líquidos y gaseosos”
En la misma línea el Convencional Max Hurtado agregó qué " Hemos presentado junto a un grupo transversal de convencionales, una norma que viene a garantizar la subsistencia de la actividad minera en el país, pues creemos que la minería es la base de la economía nacional, pero junto a ellos creemos muy necesario avanzar hacia mayor regulación medio ambiental y hacia la reserva de determinadas sustancias para el beneficio exclusivo del estado de Chile. Nos referimos en este punto, a reservar específicamente el Litio como sustancia no susceptible de concesión, y por lo tanto cuyo desarrollo esta entregado únicamente al estado y sus empresas. Creemos que este punto fundamental permite asegurar el desarrollo económico futuro de Chile, y conjunto a ello la idea de inyectar manufactura en nuestra matriz productiva."
La iniciativa propone además que el Estado deberá tomar un rol activo en la evaluación de los impactos ambientales que producirá la actividad minera en todas sus etapas, desde la exploración hasta el cierre, como también la adopción de políticas públicas enfocadas mecanismos de innovación con las materias primas, dejando establecido constitucionalmente aquellas zonas excluidas de actividad minera como las áreas protegidas, los glaciares, las turberas, las zonas en que se interfiera con las aguas que dan nacimiento a una cuenca hidrográfica y aquellas en que la actividad requiera un traslado forzoso de la población.
Con lo anterior Gómez sostuvo “podemos avanzar hacia una Constitución Ecológica que permita el desarrollo minero pero que a su vez consagre al medioambiente en la cúspide de la pirámide respecto de la minería y otros factores económico-productivos, cambiando la perspectiva y el orden de prioridades respecto de la legislación actual y así avanzar hacia un texto Constitucional acorde a la crisis climática actual y en favor de nuestras futuras generaciones”
Finalmente la Convencional María Trinidad Castillo comentó qué "Estamos muy orgulloso de la norma presentada, que además surge desde el encuentro de varias miradas al interior de la convención, lo que refleja el espíritu de acuerdos, de diálogos, que es fundamental para escribir la nueva Constitución. Nuestra propuesta viene a cambiar la lógica mediante la cual se desarrolla la actividad minera en el país, las concesiones se entregarán por vía administrativa, esto permitirá que sean factible de evaluarlas, controlarlas y caducarlas, además el Estado será quien tenga el dominio, el dueño absoluto, de propiedad, imprescriptible e inalienable sobre todos los bienes minerales. Esta norma presenta un sano equilibrio entre la participación privada y el desarrollo de la inversión, con un control estatal, cumpliendo con altos estándares e indicadores que aseguren preservar, cuidar y restaurar nuestro medio ambiente, el privado que quiera trabajar en esta área deberá invertir e innovar en ciencia y tecnología que permita garantizar que esta actividad se desarrolle en beneficio público y en un marco de respeto a la Naturaleza".
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