ACONCAGUA (06/01/2020).- En prisión preventiva quedó un matrimonio y un tercer sujeto sindicados como los responsables de incendiar dos vehículos estacionados en las afueras de la casa de acogida María Ayuda en la vecina comuna de San Felipe.
El fiscal Benjamín Santibáñez (Ver foto ampliada) detalló que el día lunes en la mañana el matrimonio acompañado de un tercer sujeto salieron desde Santiago con la finalidad de visitar a su hija de 15 años que se encuentra ingresada en esa casa de acogida por resolución del Segundo Juzgado de Familia de San Miguel, “ comenzando a dar vueltas por el lugar y observando hacia el interior del mismo”.
Posteriormente alrededor de las 14 horas, el padre de la menor efectuó un llamado telefónico a la residencia, el que fue contestado por la coordinadora de educación, “ y este imputado se individualiza como el padre de la menor, señalándolo que quería verla para entregarle un regalo, ya que el día anterior había estado de cumpleaños, a lo que la profesional le respondió que debía tener una autorización judicial”.
Esto habría molestado al sujeto quien le repitió en varias oportunidades “ ya van a saber de mi” .
El luego el padre le dijo al sujeto que lo acompañaba, el cual está siendo investigado por el delito de violación en contra de la misma menor, que fuera hasta una estación de servicio donde adquirió tres litros de combustible, para luego volver a las afueras de la residencia donde el padre roció la Suv de la Directora, una Suv marca Toyota Rav4 y el auto de una trabajadora social correspondiente a un Suzuki modelo Swift, para luego encenderlos y generar un incendio, quedando ambos móviles con daños de consideración.
Tras el ataque el matrimonio junto al tercer sujeto se dieron a la fuga en dirección a la Región Metropolitana donde finalmente fueron detenidos en la comuna de Pedro Aguirre Cerda tras intensas diligencias efectuadas por la SIP de la Segunda Comisaría de Carabineros de San Felipe.
Los tres fueron formalizados por el delito de incendio, decretándose la prisión preventiva por ser considerados un peligro para la seguridad de la sociedad y de las propias víctimas.
El tribunal fijó además un plazo de sesenta días para el cierre de la investigación.
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