De un tiempo a esta parte e indistintamente del gobierno de turno, como ciudadanos y ciudadanas hemos quedado asombrados/as por las declaraciones surgidas de los y las ministros/as de Estado. Lo cierto es que, la evidencia nos exhibe "joyitas" surgidas de distintos líderes de carteras ministeriales, las que dan cuenta de "falta de conocimiento" y "escaso criterio y tino", opiniones que se podrían catalogar como desafortunadas e inoportunas en un contexto de mayor fragilidad y sensibilidad social. ¿Las últimas? Las del actual ministro de Educación, Sr. Raúl Figueroa, quien recientemente a canal 13 declaró que a algunos profesores les resulta "cómodo" no regresar a clases presenciales.
Lo anterior, lleva a pensar que se hace imperiosa la necesidad de modificar los requisitos establecidos para estos cargos tan importantes para el funcionamiento general del poder ejecutivo (gobierno). La Constitución Política vigente establece que, para ostentar el cargo de Ministro de Estado, se deben cumplir los siguientes requisitos: Ser chileno (por nacimiento, por sangre, o por nacionalización); tener cumplidos los 21 años de edad; y reunir los requisitos generales para el ingreso a la Administración pública chilena. ¿Suficientes? ¡Para nada!
Sin dejar de mencionar que el requisito de edad podría ser a lo menos debatible (personalmente creo que es escaso y lo subiría a 25 años), lo central aquí es plantear la idea de que es urgente modificar ese artículo constitucional e incorporar como requisito básico que "el encargado o encargada de cada ministerio deberá poseer una formación profesional y/o técnica, además de experiencia comprobable y verificable, acorde al cargo que desempeñará", y a su vez incorporar este mismo requisito para sus representantes en regiones, es decir, los SEREMIS.
Actualmente, quiénes están a cargo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, de Vivienda y Urbanismo (MINVU), de Educación (MINEDUC), y de Relaciones Exteriores, solo por mencionar algunos, son abogados/as. ¿No tendría mucho más sentido que educación esté bajo el liderazgo de un profesor/a, un psicopedagogo/a, un educador diferencial o cualquier profesional o técnico afín al área educativa? ¿No tendría más lógica designar a alguien en MINVU cuya experiencia provenga desde el mundo de la arquitectura, ingenierías civiles o el sector construcción? ¿No suena lógico que en Economía – siempre pasa a diferencia de otros ministerios – se asigne un Ingeniero Comercial, Administrador de Empresas o Economista? ¿Y, por cierto, que Justicia y Derechos Humanos esté siempre a cargo de un profesional de las leyes?
Definitivamente, con representantes ministeriales que realmente tengan "dedos para el piano", la sociedad confiaría mucho más en el trabajo que se realiza al interior de cada cartera ministerial. La fórmula es simple: A mayor conocimiento y experiencia en el área, mayor probabilidad de credibilidad ciudadana.
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