LOS ANDES (06/10/2017).- Luego de tres jornadas de juicio (Ver foto ampliada), el Tribunal Oral en lo Penal de Los Andes declaró culpable del delito de homicidio simple a la joven Génesis Constanza Cerda Santibañez (20), quien la mañana del domingo 18 de diciembre de 2016 dio muerte al ciudadano colombiano José Pedro Velasquez Ortiz (51) en la villa Alto Aconcagua.
Con las pruebas aportadas por el Ministerio Público representado por el fiscal Jorge Alfaro, el tribunal integrado por los magistrados Alessandra Tubino, María Cornejo y Alex Guzmán, arribó a la convicción unánime de la participación de la imputada en este crimen.
Como se recordará, los hechos ocurrieron al interior del departamento donde residía la víctima, cuando en una discusión la acusada usando un arma blanca le propinó una herida cortopunzante en la zona torácica izquierda y posteriormente lo golpeó con una botella de vidrio en la región occipital cuando bajaba la escalera del block.
Tras ser asistido por vecinos, el herido fue derivado en una ambulancia del SAMU hasta el Servicio de Urgencia del Hospital San Juan de Dios, sin embargo su deceso se produjo durante el trayecto.
La mujer huyó del lugar y se dirigió hasta la ciudad de Santiago donde finalmente fue detenida por la Brigada de Homicidios de la PDI y tras ser formalizada quedó en prisión preventiva.
Al término de los alegatos finales del juicio la mujer hizo uso de la palabra y pidió perdón a la familia de la víctima.
“Estoy muy arrepentida, no era lo que quería hacer, todo este tiempo me he perdido mucho de mi hija. De verdad es que quisiera pedirle a la familia de él que me perdonara”, expresó sentidamente en el estrado.
Dada la colaboración prestada en la investigación el Ministerio Público reconoció estos antecedentes como una atenuante de responsabilidad penal, sobre todo en cuanto a los datos que permitieron establecer la dinámica de los hechos y su participación culpable.
Es por ello que el fiscal pidió una modificación de la pena inicialmente solicitada y de esta forma arriesga un máximo de 6 años de presidio mayor en su grado mínimo más las accesorias legales.
Por su parte, la defensora pública Lisette de la Fuente pidió que dado el reconocimiento de las atenuantes la pena final fuera rebajada en dos grados, sobre todo por la colaboración prestada en la investigación y de esa manera se otorgue el beneficio de la libertad vigilada intensiva y se abone a ella todo el tiempo que ha estado en prisión preventiva desde el 20 de diciembre de 2016.
La audiencia de comunicación de la pena será leída la próxima semana en el mismo tribunal.
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