La Ley 20.845 de Inclusión Escolar apunta a “promover la igualdad de oportunidades de acceso a una educación de mejor calidad para todos los niños y niñas”. Sin duda, esta ley suscita nuevas condiciones y valores claves dentro del sistema escolar, tales como; inclusión, fin al copago, fin al lucro y fin a la selección”.
Sin embargo, para eliminar la selección debe estar garantizada la calidad de la educación en todos los establecimientos educacionales del país. En este sentido, hemos instalado un modelo educacional y evaluativo en el cual las pruebas externas SIMCE y PSU, se han transformado en un estándar de calidad y como consecuencia de esto, en un fin en sí mismas con un excesivo énfasis en las asignaturas evaluadas por sobre el resto del currículum. Por lo tanto, si se pretende avanzar a una disminución de la desigualdad en educación (no olvidemos que Chile es uno de los países más desiguales de la OCDE, no sólo en ingresos económicos, sino en desigualdad entre hombres y mujeres, en salud, en pensiones, vivienda, entre dueños de AFP y sus cotizantes, etc.), es necesario y urgente implementar un Innovador Sistema de Evaluación Integral de la calidad que incorpore nuevas y creativas formas de admisión a la educación superior y amplíe los indicadores de calidad en la Enseñanza Básica y Media, tales como: autoestima, motivación escolar, convivencia, formación ciudadana, vida saludable, asistencia, retención escolar, equidad de género, felicidad, etc.
Lo anterior, sumado a una discriminación positiva por parte del Estado, entusiasmaría a las escuelas y liceos a proponer e implementar verdaderos y reales proyectos educativos más pertinentes al contexto sociocultural con sellos y énfasis distintivos y, a los padres y apoderados, a elegir una educación para sus hijos entre varias opciones distintas, pero no unas mejores que otras y, de paso, nos ahorramos las filas de apoderados por un cupo y la ley de las probabilidades de la tómbola.
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