LOS ANDES (16/09/2026).- El abogado José Villagrán Reyes interpuso una demanda indemnizatoria en contra de la Municipalidad de Los Andes y las empresas Maxi limpio SpA y Suat SpA contratadas por el municipio para prestar servicios de aseo y seguridad municipal, a raíz de un grave incidente ocurrido durante agosto de 2025.
Según los antecedentes expuestos en la acción judicial, los hechos se registraron el día 5 de agosto de 2025, cuando una vecina de la comuna transitaba por las inmediaciones de un inmueble ubicado en calle Esmeralda Nº 585 frente al edificio consistorial de Los Andes. En esas circunstancias, la mujer habría sido interceptada por una trabajadora dependiente de una de las empresas contratistas del municipio, quien la agredió violentamente, ocasionándole lesiones lesiones y posteriormente la condujo por la fuerza al interior de las dependencias de la empresa.
La afectada habría permanecido privada de libertad durante aproximadamente 45 minutos, hasta la llegada de funcionarios de Carabineros. En ese momento, la agresora sindicó a la vecina como responsable de supuestos robos ocurridos en el sector, imputación que derivó en la detención de ambas mujeres. La víctima permaneció detenida durante cerca de 24 horas y posteriormente fue trasladada esposada ante el Juzgado de Garantía. Sin embargo, una vez examinados los antecedentes, el Ministerio Público resolvió no formalizar investigación en su contra.
La acción judicial sostiene que la denuncia formulada contra la vecina carecía de fundamento y que la verdadera responsable de los hechos era la trabajadora que la había agredido y retenido. Esta última fue posteriormente condenada por su participación en el episodio.
Demanda por daño moral
La demanda presentada por el abogado José Villagrán busca que la Municipalidad de Los Andes y las empresas involucradas indemnicen los perjuicios morales y emocionales sufridos por la víctima. De acuerdo con el profesional, la agresión, la privación de libertad, la permanencia en un recinto policial y el traslado esposada hasta el tribunal provocaron un severo impacto psicológico en la afectada, quien debió enfrentar injustamente las consecuencias de una acusación que finalmente no dio lugar a una formalización.
Villagrán cuestionó especialmente los mecanismos utilizados para seleccionar y supervisar al personal de las empresas que prestan servicios para el municipio. “Una municipalidad debe extremar los cuidados respecto de las empresas que contrata y de las personas que, a través de ellas, terminan ejerciendo funciones vinculadas al municipio. La Municipalidad de Los Andes se debe, antes que nada, a sus vecinos y no a las empresas contratistas”, sostuvo el abogado.
El profesional agregó que resulta particularmente grave que una persona vinculada a una empresa contratada por el municipio haya agredido y retenido a una vecina en un inmueble situado frente al propio edificio consistorial. “No es aceptable que una trabajadora que presta servicios para una empresa contratista y por tanto a toda la comunidad, actúe violentamente, prive de libertad a una persona y luego la sindique como autora de un delito. Todo esto ocurrió prácticamente en las narices de la municipalidad y terminó provocándole a una vecina un daño que difícilmente puede repararse”, afirmó.
Responsabilidad de las entidades demandadas
La acción pretende que los tribunales determinen la responsabilidad que correspondería de la municipalidad y de las dos empresas contratistas demandadas, tanto por la actuación de la trabajadora como por la evidente negligencia de la municipalidad y las empresas por la contratación de la agresora y la falta control y supervisión. La demanda plantea que las instituciones que encomiendan a empresas privadas funciones relacionadas con el aseo y la seguridad municipal deben adoptar medidas efectivas para evitar que sus trabajadores vulneren los derechos de los vecinos.
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