Algunas veces la contingencia nos lleva de regreso al campo antiguo y es ahí donde nos damos cuenta de los cambios radicales que van ocurriendo. Juan Ignacio, en la década de 1960, realizaba la cosecha de hortalizas en fresco y una parte la dejaba madurar y secar para, posteriormente, hacer una cuidadosa selección de semillas que utilizaría en la siembra del año siguiente. Era una práctica heredada, ancestral, tan natural como un ciclo en que las estaciones iban dictando las labores del campo. Durante cientos de años fue así; sin embargo, las resoluciones y las leyes van guiando ahora el camino hacia nuevas conductas.
Pareciera una contradicción: aquello que nace naturalmente debe certificarse, mientras lo industrial pasa a ser la norma. Están las semillas de origen, aquellas que no necesitaban nombre científico, etiqueta ni registro para tener valor. Bastaba saber de dónde venían. Semillas que, con el paso de las generaciones, han ido guardando una serie de características: herencia familiar, selección realizada durante décadas, adaptación particular al suelo y al clima, parte de una fiesta o de un intercambio comunitario, reserva para los años malos o patrimonio de una localidad.
Estaban los porotos que una abuela había guardado durante años; el maíz seleccionado después de cada cosecha; las habas que resistían mejor las heladas; los zapallos que se adaptaban al terreno. Semillas que viajaban en un frasco, envueltas en papel de diario o simplemente en la memoria de quien decía: “éstas son las que siempre he sembrado”.
Cada temporada era también un acto de selección. El campesino no elegía cualquier planta. Guardaba la mejor mazorca, el poroto más sano, la semilla de aquella mata que había resistido la sequía o el frío. Así, sin laboratorios ni grandes conocimientos académicos, fueron apareciendo variedades adaptadas a cada rincón del país.
Esa forma de agricultura todavía existe.
El problema comienza cuando aquella práctica sencilla, heredada de generación en generación, entra en el mundo de las normas, registros y certificaciones. El agricultor que guardaba sus propias semillas para volver a sembrarlas y que, muchas veces, compartía o vendía una pequeña parte entre vecinos, puede encontrarse ahora frente a una frontera difícil de reconocer: ¿cuándo deja de ser campesino que conserva una tradición y pasa a ser un comerciante de semillas?
La nueva regulación que prepara el SAG busca ordenar y controlar la comercialización de semillas corrientes, pero en ese camino surge la inquietud de quienes temen que una norma pensada para el mercado formal termine alcanzando también a las pequeñas prácticas campesinas, aquellas que durante siglos sobrevivieron sin registros, etiquetas ni burocracia, sostenidas únicamente por la experiencia, la confianza y la necesidad de guardar algo para la próxima temporada.
Si miramos hacia algunos países latinoamericanos, observamos un mayor reconocimiento y protección de su patrimonio natural: especies de flora y fauna, bosques y, particularmente, semillas. El caso de las papas en Perú, con miles de variedades nativas conservadas en los territorios andinos, es un ejemplo de la importancia que puede adquirir esa diversidad.
Nuestro país, en cambio, ha ido perdiendo parte de su patrimonio biológico y agrícola. La chinchilla, por ejemplo, originaria de nuestros territorios, dio origen a numerosos criaderos en distintas partes del mundo, mientras en Chile sus poblaciones silvestres estuvieron al borde de desaparecer. Algo parecido ocurre con la antigua frutilla chilena, cuya presencia histórica ha ido quedando relegada frente a variedades desarrolladas y cultivadas masivamente en otros países.
Son experiencias que ayudan a comprender por qué muchos campesinos, comunidades rurales y guardianas de semillas miran con desconfianza las decisiones del Estado. No se trata solamente de una semilla ni de una norma. Detrás de cada una puede existir una historia familiar, una adaptación construida durante generaciones y un patrimonio que, una vez perdido, difícilmente vuelve a recuperarse.
Veo a Juan Ignacio cosechando las mazorcas más grandes, corriendo sus chalas hacia atrás y colgándolas para que se secaran lentamente. Llegado junio, las desgranaba sólo hasta la mitad, dejando de lado los granos más pequeños del extremo superior. Aquellas simientes se guardaban luego en telas de osnaburgo, protegidas de la humedad del ambiente. Partía también el zapallo plomo de guarda, probaba un trozo crudo y, según su dulzor, elegía las semillas que conservaría para la próxima temporada. Las secaba y después las ahumaba lentamente, envueltas en medias de mujer y colgadas junto a las viejas cocinas a leña.
Ese conocimiento, construido en la observación y transmitido de generación en generación, es también un patrimonio. Y quizás allí está el verdadero desafío de una nueva ley: ordenar y regular sin poner en riesgo aquello que durante siglos los campesinos supieron conservar por sí solos.
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