ACONCAGUA (25/07/2026).- Con el propósito de conocer el estado de avance de la investigación relacionada con las irregularidades detectadas en la exDirección de Administración de Educación Municipal (DAEM), la alcaldesa Carmen Castillo junto la directora de Asesoría Jurídica del municipio, Sheref Ibáñez, sostuvieron una reunión con el fiscal jefe del Ministerio Público de San Felipe, Eduardo Fajardo, sumándose posteriormente el concejal Guillermo Lillo.
Como se recuerda, la municipalidad presentó en el año 2024 una querella penal en contra de una exfuncionaria de la exDAEM por distintos delitos. Estos antecedentes fueron detectados a partir de procesos de control interno realizados por el municipio y denunciados oportunamente por la alcaldesa ante los organismos correspondientes. Posteriormente, también fueron recogidos por la Contraloría General de la República en su informe final sobre la gestión de la exDAEM.
La primera autoridad comunal explicó que el encuentro permitió revisar la situación de la causa y reafirmar el compromiso municipal con el esclarecimiento de los hechos.
“Para nuestro municipio es una prioridad que todo lo sucedido sea aclarado y que la investigación pueda avanzar. Desde que tomamos conocimiento de estas situaciones las informamos y presentamos las acciones correspondientes, porque tenemos el deber de transparentar nuestra gestión y proteger los recursos que pertenecen a toda la comunidad”, señaló la autoridad.
La Municipalidad de San Felipe participa en esta causa en calidad de querellante. La acción judicial fue presentada durante septiembre de 2024 y posteriormente ampliada, incorporando nuevos antecedentes y situaciones que requieren ser investigadas.
Por su parte, la directora de Asesoría Jurídica, Sheref Ibáñez, indicó que corresponde al Ministerio Público desarrollar la investigación penal e identificar a quienes pudieran tener responsabilidad en los hechos.
“Son materias complejas y es la Fiscalía la encargada de dirigir la investigación y reunir los antecedentes que permitan determinar eventuales responsabilidades. Como municipio y como parte querellante, estamos disponibles para entregar toda la información necesaria y contribuir a que este proceso pueda avanzar”, afirmó.
El gobierno comunal continuará colaborando con el Ministerio Público y realizando las gestiones jurídicas necesarias para que los hechos sean esclarecidos y, en caso de corresponder, se establezcan las responsabilidades y se resguarde el patrimonio municipal.
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