El inicio de un nuevo gobierno nos lleva a preguntarnos cómo deben relacionarse el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. En un Estado de Derecho, como el sistema político-constitucional chileno, la respuesta no puede construirse sobre la base de afinidades ideológicas o coyunturas políticas, sino sobre el principio de separación de poderes. Los artículos 7 y 76 de la Constitución delimitan las competencias de los órganos del Estado y aseguran la autonomía del Poder Judicial en el ejercicio de la jurisdicción.
La separación de poderes no implica aislamiento entre los órganos del Estado, sino una relación institucional basada en respeto, cooperación y límites claros. El Presidente de la República gobierna y administra; el Poder Judicial resuelve controversias de relevancia jurídica aplicando el derecho. Cuando estos roles se tensionan de manera excesiva, se debilita la confianza en las instituciones y se afecta la estabilidad del sistema democrático.
En el contexto político actual, la forma en que se desarrolle esta relación adquiere una particular relevancia. El Poder Judicial atraviesa una crisis de legitimidad derivada de casos de corrupción al interior de la judicatura que han erosionado la confianza ciudadana. En ese escenario, el comportamiento del Ejecutivo resulta especialmente significativo.
El gobierno debe contribuir a fortalecer la institucionalidad del Estado, y no a debilitarla. Ello implica actuar con prudencia frente a las decisiones judiciales, especialmente cuando estas generan controversia política o no se alinean con las ideas del Ejecutivo. Cuestionar públicamente los fallos puede formar parte del debate democrático, pero cuando esa crítica proviene desde otro poder del Estado puede transformarse en una presión indebida sobre la función jurisdiccional.
Durante su administración, el presidente Gabriel Boric protagonizó algunos episodios de crítica pública a decisiones judiciales que evidenciaron los riesgos de ese tipo de intervenciones. El nuevo gobierno debiera evitar reproducir esas prácticas y optar por una relación institucional basada en el respeto a la autonomía judicial.
Fortalecer la relación entre ambos poderes exige cuidar el lenguaje político y reafirmar el respeto por las competencias que la Constitución y la ley reservan a cada órgano del Estado. La independencia judicial no es un privilegio de los magistrados, sino una garantía para los ciudadanos de que sus conflictos serán resueltos por tribunales imparciales, libres de presiones políticas.
Un elemento clave en esta relación será la discusión sobre la reforma al sistema de nombramiento de jueces. Avanzar hacia un nuevo modelo puede ser una oportunidad para recuperar legitimidad en el Poder Judicial, pero también un riesgo si el debate se transforma en una disputa política por el control de la judicatura.
El Ejecutivo tendrá un rol relevante en la conducción de esta discusión parlamentaria. Su desafío será promover mecanismos que fortalezcan la transparencia, la carrera judicial basada en el mérito y la independencia, evitando que el sistema vuelva a derivar en la politización de los nombramientos que tanto daño ha ocasionado al país.
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