Chile discute permanentemente sobre desigualdad, crecimiento y desarrollo, pero rara vez se pregunta por qué sigue ignorando una de las herramientas económicas más eficaces para enfrentar esas brechas: el cooperativismo. Mientras en otros países las cooperativas son actores relevantes del sistema productivo, salvo excepciones notables en lo financiero, alimentos y viviendas, aquí continúan relegadas a un lugar secundario, casi anecdótico, como si fueran una expresión romántica del pasado y no empresas plenamente vigentes.
La paradoja es evidente. Valoramos la solidaridad en el discurso, pero desconfiamos de ella cuando se organiza económicamente. Se exige eficiencia, pero se descartan de antemano modelos que distribuyen mejor los ingresos, fortalecen economías locales y democratizan el poder económico. El problema no es que las cooperativas no funcionen, sino que el país nunca las ha tomado realmente en serio.
Las cooperativas permiten que trabajadores, pequeños productores y comunidades no solo participen del mercado, sino que decidan sobre él. En un contexto de alta concentración económica y profunda desconfianza social, esto no es un detalle ideológico, sino una ventaja estructural. Sin embargo, el marco institucional y el debate público siguen favoreciendo casi exclusivamente a la empresa tradicional, como si no existieran alternativas.
Si Chile busca reducir brechas sociales y territoriales sin renunciar al crecimiento, resulta difícil justificar por qué sigue marginando un modelo que combina actividad económica, participación democrática y arraigo territorial. Persistir en esa omisión no es neutral: es una decisión política y económica con consecuencias visibles.
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