LOS ANDES (23/06/2025).- El abogado José Villagrán Reyes presentó una demanda por tutela de derechos fundamentales en contra de la Ilustre Municipalidad de Los Andes, representando a un exfuncionario municipal que denuncia haber sido despedido en un contexto de discriminación política y afectación a su integridad psíquica.
Los hechos se remontan a la campaña municipal de octubre de 2024, cuando el denunciante decidió apoyar públicamente al entonces joven candidato Nicolás Pirazzoli, quien aspiraba al sillón alcaldicio.
Según la demanda, esta decisión habría desencadenado una serie de actos de hostilidad de diversos funcionarios municipales y del alcalde mismo, es así como la primera autoridad comunal en el marco de la celebración de una actividad municipal le habría espetado al funcionario “¿También me vas a traicionar?”. Recriminación que dejó perplejo al exfuncionario que nunca esperó una reacción tan destemplada del jefe comunal.
El abogado Villagrán sostiene que el despido del exfuncionario no respondió a criterios técnicos ni administrativos, sino que fue una represalia por la opción política del trabajador, lo que constituiría una grave vulneración de derechos fundamentales.
“Se trata de una clara desviación de poder, donde la autoridad utiliza su posición para perseguir y discriminar a quien piensa distinto”, declaró el jurista.
La tutela laboral por discriminación política es un procedimiento judicial contemplado en la legislación nacional, que busca sancionar este tipo de conductas especialmente cuando emanan de autoridades que detentan cargos públicos.
Villagrán informó además que el pasado miércoles 18 de junio se desarrolló la audiencia de preparación del juicio ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Los Andes, instancia en la que se fijó la audiencia de juicio para el mes de noviembre del presente año.
Consultado sobre la dilación en la tramitación del proceso, el abogado fue enfático: “Resulta contradictorio que un gobierno que dice proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos mantenga un sistema judicial laboral colapsado, donde causas de este tipo —que deberían tener tramitación preferente— se extienden por dos o hasta tres años”.
El caso ha despertado atención por el trasfondo político de la denuncia y por el impacto que podría tener en la forma en que se garantiza la neutralidad y protección de los funcionarios públicos frente a eventuales actos de persecución por motivos ideológicos.
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