La implementación de inhibidores de señal, denominados “Jammers”, en los centros penitenciarios de nuestro país fue concebida para frenar la delincuencia que se daba tras las rejas. Sin embargo, recientes reportes revelan problemas técnicos y operativos que comprometen su eficacia, como la potencia inadecuada de emisión, la falta de calibración acorde a la infraestructura de cada penal y la insuficiente supervisión del espectro de frecuencias.
Además, el escaso mantenimiento y la ausencia de personal capacitado impiden detectar y corregir desperfectos a tiempo. Un factor crítico es la existencia de dispositivos anti-jammers, similares a los sistemas usados en drones tácticos, capaces de anular los inhibidores. Para afrontarlo, se debe adoptar tecnología de punta anti-boicot y gestionar inteligencia capaz de pesquisar la presencia de anti-inhibidores en las cercanías de los recintos penitenciarios.
Asimismo, resulta vital realizar un diagnóstico exhaustivo de la infraestructura penitenciaria antes de cada instalación, ajustando el despliegue a la realidad de cada cárcel. Un protocolo de mantención continua, con auditorías tecnológicas y actualizaciones de software y hardware, también contribuiría a un mejor desempeño, considerando la rápida evolución de las telecomunicaciones.
Finalmente, es fundamental capacitar a Gendarmería y a los operadores externos para permitir detectar fallas y reforzar la respuesta ante posibles nuevas amenazas. Con un enfoque integral —que abarque tecnología y formación— los inhibidores de señal podrán bloquear de forma eficaz las comunicaciones delictivas, fortaleciendo la confianza ciudadana y promoviendo un sistema penitenciario más seguro y moderno.
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