Los hechos en Trehuaco, donde una profesora fue agredida gravemente por un alumno con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA) evidencia el abandono institucional donde se ejerce hoy la docencia en Chile. Como educadores, exigimos que el Estado proteja el derecho de enseñar en condiciones seguras y dignas.
Estos hechos colocan en crisis al Programa de Integración Escolar (PIE). Revela su incapacidad para responder a las complejidades reales del aula.
La falta de resultados del actual modelo de co-docencia, la sobrecarga administrativa de los profesionales PIE y la insuficiencia de equipos multidisciplinarios afectan profundamente el derecho a una educación verdaderamente inclusiva. Los datos lo confirman: según el MINEDUC (2023), un 62% del profesorado no tiene herramientas para enfrentar crisis conductuales, y un 70% se siente solo ante situaciones de alta complejidad.
Urge reformular el PIE con criterios como aumentar las horas de apoyo en aula. Esto implica diseñar estrategias pedagógicas articuladas por equipos interdisciplinarios que acompañen al docente. A su vez, es indispensable revisar qué están enseñando nuestras universidades sobre la inclusión y cómo se prepara a los futuros profesores para enfrentar una escuela con desafíos crecientes en salud mental, convivencia y acompañamiento pedagógico.
En este contexto, el proyecto de ley sobre convivencia escolar cobra especial relevancia. Esta iniciativa, que promueve comunidades educativas centradas en la erradicación de toda forma de violencia, no puede seguir postergándose. Pues sin una política efectiva de convivencia, cualquier esfuerzo de inclusión se vuelve insostenible.
Escuchemos lo que están diciendo las escuelas: "que educar no nos cueste la vida".
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