Debido a su geografía, clima y modelo de desarrollo, nuestro país está expuesto de manera permanente a diversas amenazas, tanto de origen natural como antrópico. La manifestación de éstas puede generar grandes desastres de norte a sur, como lo fue el terremoto y tsunami del 27F (2010); la erupción del volcán Chaitén (2008); los aluviones de Quebrada de Macul (1992) o el de Chañaral (2015), o los grandes incendios forestales registrados en la zona centro-sur del país en los últimos años.
Para que estos eventos no resulten en los desastres descritos anteriormente, ocasionando pérdidas materiales, económicas e incluso de vidas humanas, es que nace un enfoque que busca una cultura preventiva y a largo plazo, fortaleciendo la resiliencia de los territorios. Este enfoque se materializa en la Gestión de Riesgo de Desastres, un proceso integral que busca, a partir de acciones concretas, reducir la vulnerabilidad y exposición a amenazas.
En Chile, los desastres socio-naturales pueden poner en peligro a la población, la infraestructura y los recursos de subsistencia. Por lo mismo, una planificación adecuada en los distintos niveles del territorio se hace imprescindible para una gestión que permita reducir de manera efectiva el riesgo de ocurrencia de desastres. Y es en ese sentido que la Ley 21.364, del año 2021, establece, a partir de la Gestión de Riesgo de Desastre, una serie de instrumentos a distintos niveles territoriales y su obligatoriedad. Dentro de estos se encuentran, precisamente, los Planes Comunales para la Reducción de Riesgo de Desastre, los cuales representan un paso crucial hacia una gestión más resiliente y preventiva en los territorios.
Con lo planteado anteriormente, la importancia de estos planes no puede subestimarse. En un país como el nuestro, expuesto a amenazas de todo tipo, la diferencia entre una tragedia devastadora y una crisis controlada se basa en la planificación. Pero más allá de la obligación legal, estos instrumentos deben ser vistos como una inversión estratégica en el desarrollo sostenible y el bienestar comunitario.
Junto a la Municipalidad de Los Andes y la empresa Colbún, estamos trabajando de manera mancomunada en el diseño del primer Plan Comunal para la Reducción de Riesgo de Desastres. Y para nosotros, como Huella Local, este proyecto ha sido un ejemplo de cómo la articulación entre el sector público y privado, y la participación vinculante de la comunidad, pueden generar resultados concretos y sostenibles.
La formulación de este plan nos ha recordado que la resiliencia no es exclusivamente una meta técnica, sino que también un valor que une y moviliza a las comunidades. Por lo mismo, durante el proceso se han llevado a cabo instancias participativas en sectores como Río Blanco, El Sauce y Villa Aconcagua, ya que los saberes de los habitantes son trascendentes para identificar las fragilidades de los territorios, reconocer oportunidades de aprendizaje en relación a eventos anteriores y para promover medidas de mitigación pertinentes.
Días atrás se cumplió un hito importante en el desarrollo del plan, ya que nos reunimos con el equipo especializado del municipio con el fin de revisar las acciones estratégicas contenidas en la propuesta final del documento, que será presentada a Senapred para su aprobación y validación. Durante esta sesión alcanzamos acuerdos clave para concluir un trabajo eficaz y, también, reafirmamos una convicción compartida: que este plan es mucho más que una herramienta técnica, sino que un compromiso con la seguridad, la sostenibilidad y el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
En un escenario marcado por el cambio climático y el aumento de situaciones devastadoras, los municipios deben ser actores centrales en la gestión de riesgos. Por esta razón, la experiencia en Los Andes nos deja valiosas lecciones. Una de ellas es que la reducción del riesgo de desastres es, además de un deber, una oportunidad para fortalecer la colaboración entre sectores, para empoderar y movilizar a las comunidades y demostrar que el desarrollo sostenible no se encuentra en conflicto con la prevención. En definitiva, es una chance más para seguir avanzando hacia un Chile más seguro, preparado y solidario.
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