Las recientes declaraciones misóginas y violentas del ex ministro Mañalich sobre la gestación de dos mujeres en cargos públicos evidencian la persistente instrumentalización política de los cuerpos y decisiones reproductivas femeninas. Es indignante la facilidad con que se cuestiona y juzga públicamente el deseo de gestar o no de una mujer, sembrando desinformación sobre la fertilidad humana y cuestionando proyectos de vida personales. Este debate político centrado nuevamente en nuestros úteros resulta profundamente indecente e inaceptable.
Es crucial contextualizar estas declaraciones con los datos más recientes sobre natalidad en Chile. Según el último boletín del INE, publicado hace sólo unos días, en junio de 2024 se registraron 10.561 nacimientos, una caída del 28,43% respecto al mismo mes del año anterior y del 11,37% respecto a mayo. Estas cifras reflejan una tendencia sostenida a la baja.
Por su parte, la probabilidad de embarazo en una pareja sana en edad fértil es de aproximadamente 25% por ciclo. Que un ex ministro de Salud haga declaraciones sobre "embarazos concertados" denota una preocupante ignorancia sobre los procesos reproductivos o, peor aún, un uso deliberado y violento de esta desinformación con fines políticos.
Es fundamental recordar, especialmente a quienes han enfrentado dificultades para gestar o han sufrido pérdidas, que los embarazos pueden intentar planificarse, pero no siempre se logran o llegan a término. El cuestionamiento público de las decisiones reproductivas de las mujeres, especialmente por parte de figuras de autoridad, perpetúa estigmas dañinos y viola el derecho fundamental a la autonomía corporal.
Los comentarios del exministro evidencian una doble moral en los discursos conservadores. Por un lado, estos discursos defienden la "familia" y se oponen al aborto, criticando frecuentemente a las mujeres por no enfocarse en "tener y cuidar a sus hijos". Sin embargo, muestran descontento cuando una mujer de otro sector político decide embarazarse, lo que pone de manifiesto que su verdadera preocupación radica en controlar y criticar las decisiones reproductivas ajenas.
Con todo, este incidente resalta la urgente necesidad de impulsar derechos laborales maternales que erradiquen la discriminación hacia las mujeres, promoviendo la igualdad y protegiendo su salud, así como la importancia de implementar una Educación Sexual Integral amplia que nos ayude como sociedad a superar los discursos que perpetúan los estigmas sobre la maternidad libre y autónoma, algo que la exautoridad ha negado.
La violencia y la misoginia no tienen cabida en la discusión pública, especialmente cuando se trata de decisiones tan personales y vitales como la maternidad. Es imperativo que, como sociedad, rechacemos la misoginia, la desinformación y la violencia política, defendiendo el derecho inalienable de las mujeres a tomar decisiones autónomas sobre sus cuerpos y vidas. La libertad sobre nuestros cuerpos no es negociable, y cualquier intento de socavarla debe ser enfrentado con firmeza y convicción.
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