La opinión pública y, especialmente la publicada a través de los estudios de opinión pública, están dando cuenta de una creciente preocupación por la crisis de confianza en nuestro país y sus efectos en el ámbito político, económico y social.
La mengua de la confianza en las encuestas está generando mucho interés entre la ciudadanía (tanto en la conversación cotidiana como en el territorio digital) los mercados y la investigación académica en relación con el deterioro de la confianza.
La evidencia de que disponemos nos muestra que existe una generalizada desconfianza social, una extendida desconfianza en las Instituciones Públicas (Gobierno, Tribunales de Justicia, Poder Legislativo, etc.), y una profunda insatisfacción con los servicios públicos.
Las causas de la desconfianza son múltiples y pueden estar en la economía, en la situación social y cultural, en la polarización de los partidos, en los escándalos o en la erosión de la autoridad institucional; y en una mezcla de todos.
Dos casos actuales parecen estar dando cuenta de lo corrosivo del deterioro de la confianza. El Censo en desarrollo está siendo objeto de acciones individuales, pero también concertadas que buscan instalar la desconfianza en relación con el manejo de la información obtenida. En el ámbito económico las dudas y opacidad con que Codelco desarrolla las negociaciones por la explotación del litio con SQM están provocando también desconfianza en el mercado, los actores involucrados y en la ciudadanía.
Ciertamente la colaboración entre personas se vuelve difícil cuando la confianza escasea, especialmente cuando las partes provienen de ámbitos tradicionalmente escindidos como son la sociedad civil y el Estado.
Es cierto que las democracias pueden tolerar ciertos niveles de desconfianza. Pero sobrepasados estos, los sistemas pueden terminar colapsando. Ahí radica el riesgo del actual deterioro de la confianza.
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