En el marco del debate sobre la legalización del aborto de niños y niñas con S. de Down, no es posible avalar definiciones restrictivas, inhumanas y fuera de los acuerdos sobre derechos humanos. En las últimas décadas la vida de las personas en situación de discapacidad, entre ellas, niños, niñas, jóvenes y adultos con Síndrome de Down, se ha visto favorecida gracias a las políticas públicas y las prácticas de las organizaciones en el mundo entero. Ejemplo es el primer tratado internacional del siglo XXI con la Convención Internacional de derechos humanos de personas con discapacidad del 2006 y en Chile, con la Ley de Inclusión social N° 20.422 del 2010, acentuando el pleno acceso a las distintas esferas de la vida, entre ellas la salud, la educación y el trabajo.
En este contexto, la existencia del Programa de formación socio laboral, Prufodis de la UCEN, que desde el año 2006 recibe a jóvenes mayores de 18 años, permite mostrar a la sociedad que jóvenes con S. de Down y otros, presentan intereses y necesidades equivalentes, con inquietudes y capacidades que se van desarrollando con el debido acompañamiento profesional y familiar, y donde la diferencia radica principalmente en las barreras del medio y los prejuicios, que muchas veces detienen o limitan mayores avances.
Ingresar a la educación superior y compartir un espacio de diversidad de personas, permite ver el aporte de una comunidad y de un programa que aun no contando con el reconocimiento equivalente a un programa regular para optar a los apoyos estatales, transforma la vida de las personas, quienes avanzan notablemente en su autonomía, independencia y calidad de vida en general, para optar a un puesto de trabajo o continuar estudios, aprendiendo a desenvolverse por sí solos, conociendo más de sus derechos y deberes y le enseña a la propia comunidad universitaria, la relevancia de formarnos, no solo en conocimientos, sino en una convivencia social inclusiva.
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