La función de los notarios o escribanos en Latinoamérica se remonta, en sus primeras apariciones, al año 1492 cuando un 12 de octubre Cristóbal Colón y su tripulación tomaron posesión del territorio de la extinta Nueva España, lo que quedó certificado en actas levantadas por Rodrigo de Escovedo y Rodrigo Sánchez de Segovia.
Fue recién en 1540 cuando la comitiva encabezada por Pedro de Valdivia pretendió incorporar el territorio del Valle de Copiapó al Señorío de Castilla y, fue ese momento, cuando Juan Pinel actuando como ministro de fe, levantó un acta de aquello, de fecha 24 de octubre del año señalado, transformándose, en el primer antecedente histórico en territorio chileno, de un acto notarial.
Hoy, 480 años después del levantamiento de la primera acta de fe pública, los notarios y sus facultades se encuentran regulados principalmente en el Código Orgánico de Tribunales, además de una serie de leyes que han sido dictadas a propósito de distintos procedimientos legales o administrativos, públicos o privados, entre otros.
Cada día se incrementa la necesidad de modernizar la forma de verificar o autenticar la identidad de los firmantes a un determinado acto, ya que dicho objetivo se puede conseguir perfectamente a través de medios tecnológicos, sin que sea necesario la participación en este punto de la figura del Notario.
El ejemplo más práctico al que podemos hacer referencia, es el de la transformación de la firma electrónica simple, asociada a nuestra clave única emitida por el Servicio de Registro Civil e Identificación, en una firma electrónica avanzada que nos permite, entre otras cosas, otorgar poderes simples, firmar contratos de arrendamiento, compraventa de vehículos, etc., sin salir de nuestro hogar, con sólo una conexión a internet y con precios mucho más competitivos que los de las notarías que conocemos. Más información en www.firmaya.cl.
En ese sentido, conveniente resulta recordar que recién en el año 2018 y siendo un poco tarde a mi criterio, la Fiscalía Nacional Económica publicó los resultados de su informe relacionado con la competencia en el sector de las notarías, con una lapidaria conclusión del entonces Fiscal Nacional Económico, don Felipe Irarrázabal: “Al término de este estudio, estamos convencidos de que el sistema notarial requiere una reforma profunda y estructural y no un simple maquillaje, debido al impacto que tiene la actividad de los notarios en la productividad y competitividad del país.”
Hoy, con ocasión de la obligada digitalización de muchos procesos que trajo la crisis del COVID-19 a nuestro país, se ha reactivado con fuerza la idea de una necesaria y urgente modernización del sistema notarial chileno, lucha que encabeza desde dicho sector la Notario doña Valeria Ronchera y su proyecto de la notaría digital que ha estado en voga, por la escritura pública digital de adjudicación en remate que fue declarada nula posteriormente por los tribunales de justicia.
En mi opinión, las notarías públicas, como concepto tradicionalmente conocido, efectivamente se encuentran en proceso de extinción y serán reemplazadas por una nueva estirpe de notarías digitales que tendrán, entre otras diferencias positivas, la desburocratización de los procesos, velocidad, eficiencia, precios más bajos y competitivos, todo sobre la base de las nuevas tecnologías disponibles como la certificación, el almacenamiento de documentos en la nube y el blockchain, entre otras.
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