Desde este 1 de julio comenzó a regir formalmente la tarifa rebajada en el transporte público para adultos mayores, que se espera sea implementada en el sistema de transporte capitalino, pues ya rige en las demás regiones del país. Esta es una demanda anhelada por la ciudadanía que se concreta tras acciones desarrolladas desde el gobierno anterior, con la aplicación de esa rebaja en Punta Arenas y en todos los servicios rurales del país subsidiados, la que incluyó el descuento para personas con discapacidad en ellos y, los estudios técnicos de cuantificación.
Con ocasión de las legítimas demandas planteadas por la ciudadanía y el “paso a paso” del desconfinamiento, necesariamente debe existir una profunda reflexión y un llamado a la acción urgente desde la planificación de políticas públicas en transporte y movilidad sustentable, para implementar medidas concretas en este servicio esencial, especialmente a quienes se encuentran en una situación más segregada económica, laboral y socialmente. Lo anterior, teniendo presente el aumento de tarifa de $30 que gatillo el inicio del estallido social y el escenario actual, donde la pandemia de Covid19 golpea fuerte la demanda de pasajeros e impacta al sector.
Para no continuar hipotecando el futuro y calidad del transporte público, es el momento de planificar integradamente en función, entre otros, de un transporte y tarifa digna o social, respaldada ampliamente por la academia, focalizada en aquellos más vulnerables, incluidas las personas con discapacidad. Para ello, logramos aprobar en marzo de 2018 la ley que permite generar pases diarios, semanales, mensuales o anuales, con tarifas diferenciadas, incentivando el uso del transporte para quienes pueden elegir y auxiliando a quienes no tienen opción. No hay espacio para improvisar y no accionar puede tener graves consecuencias, en la movilidad sustentable, accesible y saludable que se requiere generar.
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