Durante mayo de este año debutó una inédita iniciativa tributaria, cuyo objetivo es transparentar el gasto en impuestos a través de un detalle enviado a cada contribuyente respecto de los pagos tanto de impuestos a la renta como el impuesto al valor agregado, IVA. Se debe precisar que este tipo de reportes pormenorizados son comunes en otras latitudes, corresponde a un gran avance dentro de nuestra realidad como economía emergente.
Para entender mejor esta acción, que está enmarcada dentro de la agenda Mejor Gasto Público del Ministerio de Hacienda, tratemos de entender al Estado como una gran empresa, donde todos nosotros, los contribuyentes, somos los accionistas de esta gran organización. A través de las elecciones, los “accionistas” eligen a quienes estiman para administrar, tal como si fuese un directorio o plana gerencial de una empresa. No obstante, a diferencia de las empresas privadas, que están obligadas a revelar a través de diversas vías sus acciones, no existía una instancia tan detallada del gasto en impuesto. Existe un término en inglés, accountability que usualmente se traduce como rendición de cuentas, pero que va más allá, dado que no solo implica revelar lo que se ha hecho, sino que asumir responsabilidades por estos actos y que es donde se enmarca esta acción.
De un tiempo a esta parte, la desconfianza del ciudadano común hacia las instituciones o el gobierno en general ha ido creciendo en forma exponencial y en gran medida, el estallido social de octubre pasado fue un reflejo de aquello. En ese sentido, acciones como ésta, que deben ir más allá del gobierno de turno, van en el sentido correcto, dado que, a través de ellas se indica en forma transparente el destino de los recursos que cada ciudadano entrega al Estado para el buen desarrollo de sus actividades. De esta manera, los “accionistas” de esta gran empresa pueden tener de primera fuente información sobre el destino de los recursos que se aportaron, obligatoriamente a través de los impuestos, y en qué tipo de acciones se invirtieron, tales como protección social, educación, salud, entre otras.
Las empresas privadas ven la transparencia como una actividad que genera réditos y, por lo tanto, invierten parte importante de sus recursos en ese sentido. Esto, a través de reportes obligatorios, como las memorias y/o información financiero-contable, pero también en información de carácter voluntaria, como los reportes sociales o de sustentabilidad, dado que hay evidencia que esta mayor transparencia se traduce en mejores relaciones con sus accionistas, posibles inversores y público en general. En ese sentido, los Estados están en deuda con sus accionistas, todos nosotros, y acciones como esta deben replicarse y mejorarse.
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