Desde el estallido social del 18 octubre ha sido posible apreciar con preocupación un progresivo deterioro del respeto que las personas deben a la autoridad y las normas que regulan la vida en sociedad en Chile, generado por escándalos de corrupción en que se han visto envuelto no sólo una parte de nuestra clase política, sino también otros actores relevantes.
La situación antes descrita, paradójicamente ha generado una percepción de frustración y desamparo en la ciudadanía, pues, a pesar de que en los últimos treinta años Chile ha alcanzado niveles de prosperidad y desarrollo no visto en periodos previos de nuestra historia, la población siente que los beneficios de tal progreso sólo han llegado a un grupo limitado de personas.
Sin lugar a dudas, el problema previamente expuesto ya significa un desafío muy relevante para cualquier democracia en tiempos normales, pero con una crisis como la que estamos viviendo producto de la pandemia del COVID 19, puede implicar un esfuerzo mucho más importante para sustentabilidad de la convivencia nacional.
Es en estos tiempos complejos cuando se necesita más que nunca que las personas confíen en sus autoridades y en la legitimidad de las normas que los regulan: Es por ello, que resulta tremendamente preocupante que, en algunas localidades, se pretenda imponer de facto por los ciudadanos, medidas tales como, la prohibición de ingreso; como también cuarentenas y otras restricciones a las libertades personales que algunos alcaldes han pretendido instaurar en sus comunas, cuya constitucionalidad es -por decir lo menos- discutible.
No cabe duda de que todas esas medidas son bien intencionadas y obedecen a lo que el buen sentido común les dicta a muchas personas: e, incluso, desde el punto de técnico, podrían estar justificadas y ser la respuesta a una percepción de inactividad del gobierno central. Sin embargo, nada de ello puede justificar que en pos de una causa justa una autoridad o persona pueda atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, una facultad que la Constitución o las leyes dictadas conforme ella no le han concedido.
En un Estado de Derecho, es fundamental que tanto los ciudadanos como las autoridades se sometan al principio de la legalidad en todas sus actuaciones para garantizar la estabilidad democrática y el respeto de los derechos fundamentales, ya que se si revisamos la historia, en el nombre de causas nobles se han cometido las mayores atrocidades.
En consecuencia, en momentos tan complejos como el que estamos viviendo debemos cuidar con mayor celo los valores del respeto de las normas y de las autoridades legítimamente establecidas, pues ciertamente el logro de cualquier objetivo por más legítimo que sea, no puede obtenerse por cualquier medio. La sobrevivencia de nuestra democracia depende de ello.
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