Para detener la expansión de una epidemia se justifica restringir las libertades individuales en función del interés colectivo. Estas deben ser entregadas solo por la autoridad sanitaria y política.
Los demás actores de la sociedad civil, gremial, académica o política deben entregar sus sugerencias a la autoridad y no dar cátedra a través de los medios de lo qué hay que hacer.
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