Si las causas del estallido social están sustentadas en la forma de sociedad construida en los últimos 40 años, nuestro gremio, el de los arquitectos por lo menos debería cuestionarse su actuar silente en tantos temas que evidentemente son parte del problema. En todo lo que dice relación con las formas de vida, políticas habitacionales cuantitativas, más bien ‘soluciones’ de emergencias, edificios en altura sin estándares básicos, pero ‘legales’, sin conciencia sobre los impactos negativos en costumbres como jugar en la calle, pérdida de identidad barrial y una evidente destrucción de paisajes culturales.
No somos un pelo en la sopa, no todo lo que se puede construir se debe construir, cuando se trata de diseñar lugares más amables que fomenten el encuentro ciudadano. Los juicios estéticos y críticos se refieren a un objeto y se despreocupan de los impactos negativos que causa el diseño desde un silencio artístico inconsciente. Así este devenir de años ha afectado significativamente la salud mental y destruido el imaginario futuro de oportunidades.
El bien público es responsabilidad arquitectónica, como volver a entender que la buena arquitectura es un derecho humano que ha sido vulnerado sistemáticamente. Sólo como ejemplo el costo del suelo y la búsqueda de vivir digno se ha hecho un imposible.
Desde la academia hemos hecho un esfuerzo por incluir los temas de movilidad, de segregación urbana, la integración de parques, en general, construir conciencia de lo que significan los desplazamientos eternos para muchas personas y como todo esto ha desarrollado una violencia simbólica que va mucho más allá de algunos abusos de tarifas de servicios básicos. Estamos en primera línea de responsabilidad en este estallido social con todas las consecuencias y secuelas de una violencia física que sin vergüenza alguna se sigue tomando la calle.
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