La segregación económica, social y territorial ha estado presente en la discusión pública los últimos días, debido a la publicación de nuevos estudios que ratifican las diferencias que existen entre las distintas comunas de Santiago y a nivel nacional.
Uno de los reflejos de la marginación en nuestro país es la deficiencia, e incluso en algunos casos, inexistencia de conectividad y movilidad sustentable. Esto deteriora la calidad de vida y las oportunidades de desarrollo, productividad y progreso del país.
Si bien es significativo el avance en electromovilidad, un bus eléctrico no resuelve los problemas por los tiempos de traslado en relación a un bus convencional. Para disminuir las brechas que produce la segregación se debe priorizar la infraestructura para el transporte público, política que debe ir de la mano de licitaciones abiertas, con reglas más exigentes, incentivos y sanciones asociadas directamente al servicio y que propicien el ingreso de nuevos operadores.
Si realmente se está pensando en las personas, es esencial avanzar en la licitación de vías, pendiente hace más de un año para Santiago y que se licite también en regiones. A lo anterior, se suma la legítima prevención frente a los costos de las sucesivas prórrogas de los contratos, que se han negociado directamente sin concurso, así como el valor de buses y terminales. Resulta fundamental que las autoridades velen por el buen uso de los subsidios, manteniendo el equilibrio y la sostenibilidad del sistema de transporte, pues de lo contrario se podrían generar nuevas alzas de tarifa que afectan a los usuarios.
El transporte es clave para la calidad de vida de las personas y por ello es imperioso que los anuncios y compromisos se materialicen a la brevedad.
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