El axioma es evidente: niñas y niños educados con amor actuarán de igual forma como adultos. Sin embargo, es incuestionable la realidad y desprotección que vive una gran parte de la población infanto - juvenil en Chile.
De acuerdo a CASEN 2015 en Chile 1 de 4 niños vive en la pobreza y de ese total 5,7% se encuentra en situación de extrema pobreza, datos que se reflejan -de acuerdo a los análisis de expertos- en importantes tasas de denuncias por violencia sexual e intrafamiliar que sitúa a Chile entre las cifras más alarmantes de la Región.
Cuando el 56.1% de la población infanto-adolescente sufre violencia psicológica y el consumo de drogas y alcohol en los adolescentes en estas condiciones se mueve por el 23,5% promedio, se hace obligatorio analizar el rol del Estado además del papel protector y educativo de las familias y los establecimientos educacionales.
En 2017 el gobierno calificó como histórica la Ley que sanciona el maltrato, “situando a Chile como uno de los países con más altos estándares en la protección de la niñez víctima de violencia”. Este año la nueva administración presentó un proyecto que busca aumentar los plazos de prescripción para delitos de abusos sexuales contra menores, sin embargo el Estado está en deuda, casos Sename y la falta de una planificación multidimensional así lo confirma. Si bien se corrige un vacío legal, eso no garantiza que los menores sigan siendo objeto de menoscabo.
Se hace necesaria una campaña permanente de concientización en todos los estamentos sociales como, asimismo, apuntar al ámbito educacional pues ahí está el primer filtro para detectar a un niño es vulnerado y no recibe los cuidados que el entorno tiene la obligación de proporcionar, desde ese punto de partida es posible intervenir y prevenir desenlaces inesperados y trágicos que hagan disminuir las tasas de suicidio en adolescentes entre 14 y 17 años que llega al 4,2% en Chile.
Finalmente, es obligación incorporar el rol social de los medios de comunicación, a través del análisis crítico de este fenómeno. El trabajo orientador e informativo del periodismo debe ir de la mano con las necesidades de la ciudadanía, siendo capaz de desnudar las falencias que presentan las decisiones del poder y avanzar colaborativamente hacia la construcción de un ambiente óptimo para los niños y niñas que nacen en este territorio y también para aquellos que llegan con sus familias en busca de mejores oportunidades.
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