Jueves, 18 de Enero de 2018  
 
 

 
 
 
Opinión

Aborto: un debate inconcluso

Por Miguel Kottow, Centro de Bioética, U.Central

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Informa un medio de comunicación nacional que México ha liberalizado (variablemente por ser país federal) la “interrupción legal del embarazo” hasta la 13ª semana; en Uruguay se instala el aborto como autogestión medicamentosa o como proceso de información y asesoría que, si la mujer así lo prefiere, culmina con la prescripción ginecológica del abortígeno. La objeción de conciencia institucional no existe, la individual es aceptada pero suplida con alternativas accesibles.

La prestigiosa publicación médica “The Lancet” (27 Sept. 2017) presenta la clasificación de aborto procurado de la Organización Mundial de la Salud, en aborto seguro practicado por personas debidamente formadas con recurso a estándares médicos; abortos “menos seguros” donde faltan ya sea el personal idóneo o las condiciones sanitarias básicas-; y abortos inseguros practicado por personas incompetentes utilizando medios peligrosos –cáusticos, cuerpos extraños, pociones-.

Más de la mitad de los 55 millones de abortos producidos anualmente en el mundo fueron estimados como seguros, el resto era menos seguro o inseguro. La cifra más baja de aborto no seguro se da en Europa del Norte (2.1%), la más alta en África Central (88.2%), Sudamérica ubicándose con un penoso 75.1% de abortos no seguros, concluyendo que el aborto inseguro tiene mucha mayor prevalencia en países con poblaciones pobres, y en naciones con leyes muy restrictivas sobre aborto despenalizado.

Cualquier liberalización del aborto procurado eleva las cifras de procedimientos registrados que emergen de la clandestinidad. Si no aumentan, es porque las trabas existentes siguen propiciando el aborto clandestino cuyas dificultades y complicaciones no son evidentes porque a su vez ser resuelven, mal o bien, en la ilegalidad.

 Nuestro país ha de abocarse a recopilar estadísticas sobre los abortos solicitados, los rechazados –y por qué motivos- y los efectivamente realizados, para esclarecer las inquietudes que la salud pública mantiene frente a incidencia y prevalencia de prácticas clandestinas e inseguras.




 
 
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