La idea de legislar sobre el proyecto que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales se discutirá pronto en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. En distintos sondeos de opinión, la población ha sido clara en apoyar esta iniciativa y ahora las parlamentarias y parlamentarios tienen la oportunidad de votar y dar pie a un debate en particular.
Tal como planteaba el mensaje de la Presidenta Michelle Bachelet en la presentación del proyecto, “los hechos han demostrado que la prohibición absoluta y la criminalización de toda forma de interrupción del embarazo no han impedido ni impiden su práctica en condiciones de riesgo para la vida y salud de las mujeres, y por el contrario, se traducen en una vulneración de sus derechos”. Resulta, entonces, apremiante que enfrentemos como sociedad un debate largamente postergado que debe ser asumido respetando todas las perspectivas que sobre el mismo existen. La iniciativa del Gobierno se enmarca, precisamente, en esta realidad.
La propuesta que está en el Congreso busca abrir opciones para las mujeres que enfrentan tres situaciones críticas y acotadas: cuando su vida corre peligro, cuando se diagnostica inviabilidad fetal letal y cuando el embarazo es producto de una violación. En estos casos, no resulta legítimo que obliguemos a las mujeres a mantener un embarazo bajo la amenaza del uso del derecho penal. Debemos permitirles decidir libremente cómo desean enfrentar estas situaciones y acompañarlas de forma respetuosa en sus procesos de decisión.
Lamentablemente, hay quienes han querido sembrar dudas sobre los márgenes de estas causales, pretendiendo confundir y engañar a la ciudadanía.
Cuando el proyecto plantea que se resguarde la vida de la mujer, nos referimos a que tenga acceso a los tratamientos médicos que permitan preservar su vida, aún si ello implica que se deba interrumpir el embarazo.
Es importante aclarar que la inviabilidad fetal se refiere a casos de malformaciones congénitas o genéticas estructurales o letales. En ningún caso podría considerarse que el Síndrome de Down o el labio leporino, como se ha sostenido, se incluyen en esta causal. Tanto el peligro de vida de la mujer como la inviabilidad deben ser diagnosticadas por profesionales idóneos.
Por otro lado, cuando una mujer queda embarazada a causa de una violación, el proyecto de ley busca darle la posibilidad de decidir sobre la continuidad del embarazo. Las niñas, adolescentes y mujeres adultas que han sido víctimas de una agresión sexual están en una situación en que su voluntad ha sido negada a causa de un ataque feroz. El proyecto reconoce su voluntad y establece un espacio para que decidan sin temor a que se inicie un proceso penal en su contra o que busquen realizar una maniobra en condiciones sanitarias inseguras, en la ilegalidad.
En cualquiera de los casos, ninguna mujer será obligada a interrumpir o continuar con un embarazo.
Sabemos que el debate sobre este proyecto de ley remite a las convicciones más profundas de cada persona y es por esto que sostenemos la firme idea de que este proyecto no impone sino que abre opciones a las mujeres y permite que ellas manifiesten su voluntad.
Esperamos que el debate público y legislativo se dé con altura de miras, en el marco del respeto y refleje el apoyo que los estudios de opinión dan a la idea de legislar sobre estas tres causales.
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