Cuando los países envejecen, existen dos caminos posibles: invertir antes en autonomía, prevención y cuidados, o pagar después por hospitalizaciones evitables, dependencia y deterioro funcional.
Los países que envejecen mejor no han respondido recortando apoyos. Han fortalecido sistemas de cuidados, programas comunitarios y estrategias de envejecimiento saludable. En este contexto, se ha entendido que prevenir dependencia cuesta menos que financiar sus consecuencias porque el deterioro funcional y cognitivo cuesta caro. Mucho más caro que prevenirlo.
La evidencia es contundente. La participación de personas mayores en programas comunitarios, espacios de actividad física, socialización y apoyo psicosocial se asocia a menor aislamiento, menos síntomas depresivos, mejor funcionalidad, menor fragilidad y mejor desempeño cognitivo. En términos concretos se retrasa dependencia lo que significa que reducir hospitalizaciones evitables, institucionalización y presión sobre el sistema sanitario.
La Organización Mundial de la Salud ha advertido que la soledad y el aislamiento social incrementan el riesgo de deterioro cognitivo, enfermedades cardiovasculares, depresión e incluso mortalidad prematura. Retirar apoyos no solo afecta bienestar: genera riesgos sanitarios y costos futuros.
No obstante, esta discusión no es solo económica. También es una discusión de derechos humanos. En ese marco, experiencias como la “Escuela de Formación de Formadoras Mayores en Derechos Humanos para Territorios Libres de Viejismos”, impulsada por Fundación GeroActivismo, evidencian la importancia de fortalecer la participación, el liderazgo y el conocimiento de derechos de las personas mayores, promoviendo autonomía, organización comunitaria y una vejez libre de discriminación por edad.
Chile ratificó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que reconoce el derecho a la autonomía, independencia, salud integral, cuidados y una vida digna, libre de discriminación por edad. Retroceder en apoyos esenciales tensiona esos compromisos.
El problema es más profundo: seguimos pensando la vejez como gasto y no como inversión social. Si hoy se reducen apoyos para alimentación, cuidados, residencias, habitabilidad o promoción de autonomía, no estamos observando únicamente un ajuste contable. Estamos trasladando costos al sistema de salud, a familias cuidadoras —mayoritariamente mujeres— y a futuras situaciones de dependencia.
La pregunta entonces deja de ser cuánto ahorrar hoy. La verdadera pregunta es cuánto costará mañana haber abandonado a quienes envejecen, porque cuando el ajuste encuentra como recortable aquello que sostiene la dignidad de las personas mayores, ya no hablamos solo de eficiencia fiscal: hablamos de viejismo de Estado, que es discriminación por edad, vale decir, cuando se diseñan políticas sin considerar las necesidades de este importante grupo etario.
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