LOS ANDES (20/02/2026).- El Ministerio Público de Los Andes representado por su fiscal Jefe Ricardo Reinoso Varas formalizó investigación por los delitos de apropiación indebida de dinero, estafa y uso malicioso de instrumento privado a la exdirectora de las residencias de acogida Sagrada Familia y Laura Vicuña, ambas dependientes del Obispado de Aconcagua.
La acción penal tuvo su origen en una querella criminal presentada por el Obispado, cuando durante el proceso de acreditación de ambas residencias en el marco de la implementación del traspaso de funciones del exSename al nuevo Servicio Nacional de Protección Especializad a la Niñez y Adolescencia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, conocido como “Mejor Niñez” quedaron al descubierto las irregularidades cometidas por la exdirectora de esos recintos S.M.U. y su hermana F.M.U..
En este contexto, según detalla la querella, “tuvieron lugar sorprendentes hallazgos en la dirección y administración de los recursos traspasados por el Estado para proyectos ejecutados por el Obispado en la línea de centros residenciales”.
Así se descubrió que dolosamente desde el 1 de febrero de 2020 al 1 de enero de 2023 existían una serie de documentos similares, todos denominados “Anexo de Contrato”, con los cuales se afirmaba que el Obispo de San Felipe y la directora de las casas habían convenido modificaciones de contratos, provenientes de la subvención del Estado (primero SENAME y luego Servicio mejor Niñez) para las Residencias de Niñas, “ por medio de los cuales confecciona contratos no autorizados por el Obispado de San Felipe y eleva sistemáticamente a sí misma su remuneración mensual. Dos veces al año, por lo general en enero y noviembre, y no reajustable al IPC sino por montos establecidos por ella misma”.
Todos estos documentos no tenían la firma del Obispo de San Felipe, “y mucho menos con su consentimiento, ni tener idea alguna de su existencia, constando meramente la firma de directora y un timbre que decía “Obispado de San Felipe Depto. Contabilidad Los Andes”.
Según los querellantes, este timbre habría sido proporcionado por la hermana de la hermana de la directora quien en ese tiempo trabajaba como contadora de las residencias, “ y así también recibía aumentos periódicos de su remuneración a través de “Anexos de Contrato” elaborados y suscritos por ambas hermanas”.
También se estableció que ambas imputadas se asignaban sin autorización sumas de dinero porreemplazos de educadores de trato directo, así como también por actividades y servicios diversos, “tales como coordinación de vacaciones de niñas de residencia Casa Laura Vicuña, reemplazos de educadoras de trato directo y servicios de alimentación, pagos que van directamente hacia la directora o alguna de sus otras hermanas.
Asimismo, se estableció que la contadora y hermana de la directora recibía aumentos periódicos de su remuneración a través de “Anexos de Contrato” elaborados y suscritos por ambas hermanas.
De acuerdo al documento del obispado, la imputada S.M.U. dirigía las dos residencias y se pagaba remuneraciones como si ejerciera labores de 44 horas en ambas residencias, “en efecto su sueldo bordeaba los 3 millones 400 mil pesos mensuales, lo cual no solo es imposible fácticamente en cuanto a jornada de trabajo, sino que además nunca solicitó autorización o pidió a su empleador ni a SENAME modificar su contrato ni elevar así sus remuneraciones, las cuales se fue subiendo a medida que fueron aumentando las subvenciones estatales”.
Junto con lo anterior, “en los documentos confeccionados por su persona, se aparenta que estos han sido suscritos por distintos representantes del Obispado de San Felipe, figurando S.M.U. como representante legal del Obispado de San Felipe, cuando no existe un mandato para ello ni menos para auto contratar”, expresa la querella.
Es por estos delitos que la fiscalía inició una investigación y decidió formalizar a ambas hermanas, quienes fueron desvinculadas de sus labores en las casas de acogida hace más de dos años.
En contra de ambas, la magistrada Valeria Crosa Chiappe decretó como medida cautelar la prohibición de salir del país mientras dure la investigación.
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