Hemos observado con estupor el fallo favorable del Tribunal Constitucional (TC) que acogió el recurso presentado por una apoderada del colegio penquista British Royal School, por considerar inconstitucional y que atentaba al proyecto educativo al no permitir la selección de sus estudiantes. Se trata de una señal potente, que abre una ventana para eludir la Ley de Inclusión Escolar que prohíbe la selección, que tanto nos ha costado conseguir y con ello, se corre peligro de eludir la ley y seguir perpetuando la discriminación en la admisión escolar.
Una de las tantas paradojas vinculadas a la aspiración ciudadana de construir un sistema educativo inclusivo y equitativo en nuestro país, tiene que ver con las prácticas de discriminación y selección en los procesos de admisión a los establecimientos educacionales con subvención estatal, esto es financiado con fondos de todos los chilenos. Un sistema educativo que se precie de ser inclusivo, no admite la existencia de mecanismos selectivos para el ingreso a las escuelas por razones socioeconómicas, de género, étnico culturales, discapacidad, rendimiento académico o situación parental.
Desde el enfoque de derechos, la selección es un tipo de discriminación que no solo atenta contra la dignidad de los niños, niñas y jóvenes, y el derecho de las familias a decidir el proyecto educacional para sus hijos, sino que acrecienta la desigualdad y segregación.
Si bien las prácticas discriminatorias están presentes en el acceso a la educación, también se producen cuando se expulsa a los estudiantes por bajo rendimiento, por problemas conductuales, o cuando se distribuyen en las aulas en función de similares niveles de rendimiento, o por discapacidad, no se garantiza el derecho de los estudiantes a aprender en su lengua originaria, o no se valora su cultura. Además, el hecho de que determinados colegios excluyan conlleva a que los estudiantes con mayores necesidades de apoyo se concentren en determinadas escuelas, lo cual conduce a una situación altamente inequitativa que se agudiza en aquellos sistemas donde predominan los incentivos asociados a los resultados de aprendizaje obtenidos en mediciones nacionales estandarizadas, como el SIMCE.
Garantizar el derecho a la educación en igualdad de condiciones implica la obligación de los Estados de establecer regulaciones que eviten cualquier tipo de discriminación en el acceso y permanencia en la educación.
Es indispensable entonces, asegurar sistemas de admisión universales, transparentes y equitativos, al menos en los establecimientos que perciben aportes del estado, tal como se ha pretendido con el SAE (sistema de admisión escolar de carácter aleatorio). Sistema que los sectores más conservadores del país han rechazado desde su inicio y el gobierno actual ha intentado opacar, distorsionando su espíritu de justicia, en vez de fortalecerlo para su consolidación a nivel nacional.
No hay que ser muy suspicaz para sospechar que detrás de este fallo favorable del TC, que permite saltarse el SAE, se oculte la intención de seguir debilitando un sistema de admisión más inclusivo y justo en nuestro país.
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