LOS ANDES (01/09/2026).- Personal de la SIP de la Tercera Comisaría de Carabineros de Los Andes detuvo a tres guardias de seguridad que perpetraron un millonario robo de herramientas desde una empresa constructora.
Los guardias se desempañaban en las obras de construcción de una villa en el sector norponiente de Los Andes pertenecientes a la constructora “Carrán” y en virtud de ello se coludieron para perpetrar el robo en una bodega.
Los sujetos llegaron hasta ese lugar pasadas las 3 de la madruga, procediendo a sustraer taladros eléctricos, baterías, cargadores de baterías y materiales de construcción, todo avaluado en más de 2 millones de pesos.
Con las especies en su poder se retiraron del recinto, sin embargo no contaban con que su actuar quería gravado en las cámaras de seguridad que mantiene la empresa.
Al mañana siguiente cuando quedó al descubierto el delito se hizo la denuncia ante Carabineros y personal de la SIP concurrió hasta las instalaciones de la empresa, recuperando las imágenes y verificando que los ladrones eran los mismos guardias que cumplían funciones diurnas.
De esta manera se dirigieron hasta los domicilios de los sujetos, dos ellos en la ciudad de Los Andes y el tercero en San Felipe donde fueron recuperadas gran parte de las especies robadas.
Los detenidos fueron identificados como F.R.G.C., E.J.C.R. y E.R.P.L., dos de los cuales registran antecedentes policiales.
Además, en el domicilio de E.J.C.R. fueron incautados tres cartuchos de escopeta y una munición calibre 22.
Los tres imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes por el delito de robo en lugar habitado.
Sin embargo, en la audiencia el fiscal Ricardo Reinoso Varas recalificó el delito a hurto simple consumado ya que no hubo forzamiento para robar las especies, solicitando al tribunal fijar para el mes de septiembre una nueva audiencia a fin de discutir medidas cautelares, salida alternativa o eventual acuerdo reparatorio, quedando los tres ladrones en libertad.
Independiente de ello, el magistrado Daniel Chaucón Ojeda decretó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación.
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