Chile enfrenta una crisis silenciosa y profunda, la caída sostenida de los permisos de edificación. Puede parecer un dato técnico, pero detrás de esto se esconde un efecto dominó que repercute directamente en el bolsillo de las personas, en el empleo y en la estabilidad de uno de los motores históricos de nuestra economía, la industria de la construcción.
Una investigación del académico Armando Durán, de la Universidad de Talca, pone números a esta realidad. En 2019 se emitieron 159.182 permisos de edificación en todo el país; en 2024, apenas 79.426 y en el primer semestre de 2025, solo 35.384. Se trata del nivel más bajo en una década y resulta preocupante además que, el desplome se concentra en el segmento de viviendas sociales, uno de los sectores en que más se necesita aumentar la oferta.
Las razones son múltiples y conocidas: El alza en los costos de construcción, las tasas hipotecarias históricamente altas, las restricciones de financiamiento y la incertidumbre regulatoria han frenado nuevos proyectos, desincentivando la inversión. Pero el verdadero impacto va mucho más allá del ladrillo y el cemento, se trata de una cadena productiva completa que se está desacelerando.
Porque cuando se detiene la construcción, no sólo se afectan las empresas inmobiliarias. Se paralizan oficinas de arquitectura, estudios de ingeniería, proveedores de materiales, servicios logísticos, transporte, y miles de trabajadores de la construcción que hoy ven amenazadas sus fuentes laborales. Un rubro que representa el 7,8% del PIB nacional no puede darse el lujo de perder dinamismo sin consecuencias amplificadas.
El efecto dominó también llega al mercado del arriendo; con menos proyectos en marcha y una oferta habitacional cada vez más escasa, los precios se han disparado. Según el mismo estudio, los arriendos han subido más de un 50% en el último quinquenio. Y no es sólo un problema de oferta y demanda, ya que muchos edificios terminados permanecen vacíos durante más de dos años, atrapados entre la falta de compradores y la incertidumbre económica. O sea, se construye menos, se vende menos y se arrienda más caro.
Tenemos que tener claridad que la crisis habitacional que vivimos no se resuelve sólo con subsidios o programas estatales, sino con un ecosistema de confianza. El mercado necesita normativas claras, estabilidad en los costos y acceso a financiamiento razonable. Cuando las reglas del juego son previsibles y justas, los inversionistas vuelven, los proyectos se reactivan y el círculo virtuoso de la construcción se pone nuevamente en marcha.
Hoy más que nunca, Chile necesita recuperar esa confianza. Reactivar la construcción no es sólo una meta del sector privado, es una urgencia país. Es un camino probado para generar empleo, dinamizar la economía y, sobre todo, devolver a miles de familias la posibilidad de acceder a una vivienda.
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