LOS ANDES (25/11/202).- Los concejales Octavio Arellano y Nelson Escobar presentaron una denuncia ante el Contralor General de la República , Jorge Bermúdez, una denuncia para que el órgano fiscalizador con el objeto que deje sin efecto la adjudicación del contrato de mantención de áreas verdes a la empresa siglo Verde S.A., que tiene una duración de 6 años, que asciende a un monto mensual de $59.755.111.- y que obligaría al municipio a desembolsar por el período total de ejecución la suma cuatro mil trescientos dos millones de pesos.
La denuncia por notable abandono de deberes se dirige contra el Alcalde Manuel Rivera Martínez y de los concejales Marta Yochum Gajardo, Nury Tapia Celedón y Juan Montenegro González, por falta grave a sus deberes de fiscalización, quienes aprobaron la adjudicación de dicho contrato a la aludida empresa.
Según lo señalado por el Concejal Octavio Arellano, “el acuerdo del Concejo Municipal adoptado el Lunes 19 de noviembre, adolece de graves vicios de ilegalidad que obligarían a la anulación del proceso y la realización de un nuevo llamado a licitación pública, irregularidad que los concejales están obligados a denunciar ante el Organismo Contralor, en ejercicio de la facultada fiscalizadora que les concede el artículo 71 y 79 letra d) de la ley 18 695 de Municipalidades”.
Arellano detalló que “el artículo 65 letra i) de la ley 18.695 Orgánica de Municipalidades, tratándose de un contrato por seis años, que compromete al municipio por un plazo que excede el actual período alcaldicio, que vence en abril de 2021. En este caso, se requería para su aprobación la concurrencia de dos tercios de los concejale, o sea se requerían 5 votos a favor, lo que no ocurrió en esta votación, ya que sólo votaron a favor del contrato los concejales Marta Yochum, Nury Tapia y Juan Montenegro y el Alcalde Manuel Rivera, que suma cuatro votos, mientras que lo hicieron en contra los concejales Octavio Arellano, Miguel Henríquez y Nelson Escobar. Así lo ha establecido la Contraloría General de la República en su dictamen N° 17.330 de 2008, quórum que en este caso o se cumplió. Aquí lisa y llanamente hay una trasgresión de la ley que acarrea responsabilidad administrativa para el alcalde y quienes han votado desconociendo su facultad fiscalizadora”, explicó el concejal.
OTRAS IRREGULARIDADES DE LA LICITACIÓN.
Además de la falta de quórum, el libelo de la denuncia establece que en este caso se ha incurrido en otras irregularidades que impedirían una correcta ejecución del contrato e impedirían su fiscalización por parte de los concejales.
Una de ellas es la falta de un Plan de Trabajo, por parte de las dos empresas que resultaron finalistas, esto es Siglo Verde S.A. y Parques Johnson Ltda., contraviniendo lo establecido en las Bases de licitación.
Según los denunciantes, “dicha omisión significa una grave trasgresión a la ley de Compras Públicas, ya que incide en la mantención de un total de 206 plazas y plazuelas ubicadas en barrios residenciales y mayormente poblados de la comuna de Los Andes, los que totalizan una superficie equivalente a 172.159 metros cuadrados, además de no haberse presentado la Carta Gantt exigida en las Bases de Licitación. Con ello se habría trasgredido lo establecido en el título 8.4. “Propuesta Técnica”, de las Bases Administrativas de la licitación, que establece que la oferta debe incluir información que permita verificar el cumplimiento de la totalidad de los antecedentes requeridos en las Especificaciones Técnicas, considerando todos sus aspectos, los que son indispensables para la posterior evaluación, o sea falta estamos frente a la descripción detallada del servicio ofertado que debe estar contenida en el Plan de Trabajo”.
Para los concejales denunciantes, la licitación habría omitido considerar el cumplimiento de normas que privilegien el medio ambiente, “considerando que las áreas verdes son indispensables en una comuna que sufre altas temperaturas en el verano y requiere una masa forestal para disminuir los índice de contaminación ambiental que está siendo afectada”.
En la denuncia, se señala que se habrían hecho modificaciones a las bases de licitación y que incluyeron posteriormente, como es la reajustabilidad del precio del contrato, que no estaba considerada originalmente, lo que habría favorecido a las empresas participantes.
Puntualizaron que hubo cambios a los criterios de evaluación de la experiencia de los oferentes, con lo que se habría restringido el acceso de nuevos oferentes al limitar la forma de acreditar la experiencia solo a certificados, favoreciendo notoriamente al actual contratista de los servicios, esto es, la empresa Siglo Verde S.A.
También se omitió la presentación del Análisis Técnico y Económico que establece la Ley de Compras Públicas, tratándose de una licitación cuyo monto supera las 5.000 UTM.
Igualmente se menciona que existió una situación de privilegio para la empresa Siglo Verde S.A., ya que durante el proceso de aclaraciones, se permitió a esa empresa complementar su oferta fuera de plazo, en el Anexo N° 6, atendido que dicha empresa no entregó en forma completa la información referida por las Especificaciones Técnicas dentro de plazo legal.
Arellano enfatizó “en la oferta técnica se omitió presentar dentro del plazo, el itemizado de las labores que debería realizar en materia de reposición y plantación de especies vegetales, tala de árboles, carpeta herbácea, mantención juegos infantiles, máquinas de ejercicios y mobiliario urbano; mantención de pavimentos y circulaciones; Arranque de agua potable y riego Tecnificado y Semitecnificado, materias que no incluyó en su propuesta original y que presentó con posterioridad al plazo establecido. Ello es darle una ventaja respecto de los demás oferentes, lo que afecta la igualdad que debe haber en toda licitación pública.”
Para resolver esta denuncia, la Contraloría deberá requerir en los próximos días los antecedentes al alcalde de la comuna, ante lo cual los concejales solicitan se suspenda provisionalmente dicha licitación, para lo cual hay varias opciones que el Alcalde puede proponer al concejo, evitando que su actuar pueda provocar prejuicios a la ciudadanía.
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