El asesinato de Ámbar Cornejo deja una serie de interrogantes sobre el sistema de protección a la infancia en Chile. ¿Quién falló en el caso de Ámbar? ¿La familia, la justicia, los sistemas de asistencia, el Estado?
La respuesta, tan cruel y dolorosa como el desenlace de la historia de Ámbar: Fallaron todos.
La historia de Ámbar es una historia de abusos, abandono y desamparo y, lo peor, es que esta historia se repite en el caso de miles de niños en Chile que deambulan entre la violencia y el abuso al interior de su familia, al desamparo por parte de instituciones del Estado que, se supone, deberían protegerlos.
La Convención de Derechos del Niño, que inspira nuestra Ley de Tribunales de Familia y otras normas internas, establece un rol subsidiario del Estado en la protección y cuidado de los niños cuando la familia no puede entregárselo o cuando la familia vulnera sus derechos.
A pesar que en reiterados informes el Comité de Derechos del Niño -órgano de control de la Convención de Derechos del niño- ha recomendado a Chile hacer profundas transformaciones en el modelo de intervención del SENAME, Chile sigue siendo el único país en la región que no cuenta con una Ley de garantías de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que considere al niño como sujeto de derechos y no como un objeto de protección, y que lleva más de 3 años discutiéndose en el Senado.
Adicionalmente a ello, hace unas semanas el Ejecutivo vetó la Ley que creaba el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, retrasando cualquier posibilidad de avanzar en esta materia.
La historia de Ámbar es una evidencia más de la ineficacia de muestro sistema de protección a la infancia y será la historia de muchos niños, niñas y adolescentes, mientras no exista en Chile un sistema que integre una red de instituciones, de manera de entregarle efectiva y oportuna protección a los niños niñas y adolescentes, que viven en el desamparo, violencia y abuso permanente.
La justicia llegó tarde para Ámbar. Ahora es menester avanzar hacia la transformación de instituciones que no protegen la infancia en Chile y que derechamente, vulneran sus derechos.
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