LOS ANDES (15/03/2019).- El Servicio de Evaluación Ambiental habría solicitado nuevos informes técnicos del proyecto de construcción de estacionamientos subterráneos bajo la plaza de armas de Los Andes ante el recurso de reposición presentado por diversas organizaciones ciudadanas.
Como se recordará, el organismo dio luz verde al proyecto desechando las observaciones hechas por diversos sectores, a raíz de lo cual el abogado José Villagrán , en representación de estas organizaciones hizo la presentación correspondiente.
El propio jurista detalló el objetivo del recurso tiene como finalidad atacar el argumento que este proyecto no tiene carga ambiental, “y sorprende esa decisión ya que todos los proyectos tienen carga ambiental y esto puede ser más o menos, pero si la tienen, y decir que un proyecto no la tiene y que no afecta la cuidad, es muy extraño”.
El abogado dio cuenta que hace algunos días subió a redes sociales una información que da cuenta que la acústica que va a afectar a la zona comprometida está certificado por informes que ha enviado la misma empresa a dicho servicio de impacto ambiental, “por lo que si hay un daño acústico o fluencia de sonido de manera relevante en el centro de la cuidad, eso ya es carga ambiental y que un organismo técnico rechazo la participación ciudadana, es atentatorio con la garantía que existe en poder participar en los problemas y los asuntos de la comunidad y no dejarlo solamente entregado solamente a la decisión de la autoridad política y lo demás es transitoria y está lejos de representar el espíritu de la cuidad”.
Agregó que es en ese sentido que se presenta esta acción administrativa que generó que el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental solicitara a la empresa de parquímetros una serie de informes técnicos que pudieran dar cuenta de que ocurre con los restos que son las osamentas de culturas anteriores asentadas en la zona, “qué ocurre con el patrimonio histórico de la gobernación, con la iglesia y la plaza misma y por esto se entregaron una serie de informes por lo tanto la situación está para resolverse”.
“Lo que nosotros discutimos es una cuestión técnica en que hay informes que dicen que el proyecto tiene impacto y por otro lado es una cuestión de derechos, en que no le es voluntario por ningún lado a la autoridad el escuchar a las personas, es una obligación y desde ese punto de vista se exige el derecho y es ese el camino de oposición que estamos formulando desde aquí, representando a doscientos noventa y un vecinos, quienes firmaron los distintos documentos y estamos a la espera de que se resuelva por parte de este servicio”, planteó el abogado.
Recordó que esta presentación la realizaron el pasado 31 de enero, pero hasta ahora no han tenido una respuesta oficial del SEA, “y eso me hizo comunicarme con las personas encargadas del área comunitaria y la respuesta de ellos es que esto está en estudio y que no hay una fecha cierta para dar una respuesta, pero aparentemente encargaron estudios técnicos y estos deben estar ahora en un proceso de evaluación”.
El letrado puntualizó que las presentaciones que hizo la comunidad cumplieron todos los requisitos procesales, salvo el concepto de carga ambiental, el cual es subjetivo, “que si bien la autoridad puede hacer una interpretación de ello, cuando un vecino estima que esto está mal aplicado puede recurrir a los tribunales superiores de justicia, que son la corte de apelaciones y la Corte Suprema, en este caso el concepto de carga ambiental y de participación ciudadana, fue una ley que modifico la legislación ambiental y que tenía como objeto que la comunidad participara y parece extraña que un servicio encargado de analizar estos temas, deseche la participación ciudadana. Pareciera ser que la ley dice una cosa pero el servicio resuelve otra y según el curso de los acontecimientos hacer una presentación ante los tribunales superiores de justicia exigiendo el que se abra un proceso de participación ciudadana transparente para que las cargas ambientales de este proyecto sean conocidas por la comunidad”, acotó.
Villagrán sostuvo que la empresa de parquímetro ha ganado una cantidad enorme de dinero lo que no se ve reflejado en mejoras para la ciudad, “ pues no se trata que con esto la empresa pierda dinero, sino que el intervenir el espacio público en un proyecto que además este proyecto está concebido en 2009 y estamos en el 2019, y en esta década tenemos el espacio urbano el Jumbo, el Tottus, el Unimarc, y eso es una gran cantidad de espacios con estacionamiento que parecen no tener sentido, poner otro estacionamiento más en el centro de la cuidad porque es sabido que en todas las ciudades del mundo están optando por dejar las calles centrales de forma peatonal en un tiempo más.
El abogado afirmó que la controversia suscitada con este proyecto es lo menos curiosa, pues la ciudadanía no se opone a la construcción de estacionamientos, sino que estos se hagan en otro punto de la ciudad y no bajo la plaza, “ y si hablamos de una ciudad pequeña como la nuestra, sería solo correr esto tres cuadras del centro y existen alternativas en avenida Santa Teresa, Chacabuco, Independencia, o Avenida Argentina y esta última arteria podría solucionar el problema de estacionamiento que tienen los usuarios y visitantes a este servicio de atención pública, lo que sería muy útil para la comuna y un verdadero aporte”.
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