Jueves, 19 de Abril de 2018  
 
 

 
 
 
Opinión

Regionalización Inconclusa

Por Pablo Rojas Torres, Magister en Gobierno y Sociedad. Historiador. Mención en Ciencia Política

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El tránsito hacia una regionalización verdadera en Chile ha sido lento y, por llamarlo de algún modo, deficiente. Desde su imposición en la década del 70`, bajo los cimientos técnico-programáticos erigidos por ODEPLAN, se previó una organización desconcentrada administrativamente, no obstante, con nulo empoderamiento político producto del contexto militar y su visión geopolítica de la organización del territorio, lo que terminó por replicarse en el gasto fiscal, previendo una destinación de recursos a través de transferencias condicionadas desde los Ministerios centrales y sus oficinas regionales.

Lamentablemente, la situación no fue modificada “de manera sustancial” tras el retorno de la democracia, ni tampoco tras la creación de los Gobiernos Regionales en 1993. Las transferencias siguieron siendo el mecanismo para solventar las Estrategias de Desarrollo de las regiones; el FNDR pese a aumentar y ser complementado a través de nuevos fondos como el ISAR, siguió estando a merced de una autoridad designada y CORES sin elección democrática; las diferencias entre las regiones (y respecto de Santiago) se acentuaron, tanto en disponibilidad de recursos como en acceso a servicios y oportunidades; mientras que el organigrama regional profundizó sus inconsistencias, dando cuenta de la artificialidad con que fue concebida la regionalización en un contexto distinto al actual, replicándose (in)conscientemente el centralismo entre las capitales regionales y las provincias interinas, lo que ha generado que en 2007 se crearan dos nuevas regiones y en 2017 se promulgara otra: Región de Ñuble. En el plano local, Aconcagua espera los resultados del estudio de factibilidad (con casi un año de retraso), empero sin el compromiso del gobierno electo para avanzar en su tramitación.

Producto de lo anterior, y en detrimento de aquella perspectiva elitista y sobresaliente que algunos sectores intentan hacer creer en perspectiva del escenario latinoamericano, Chile aún mantiene ciertos resabios conservadores en términos de la administración territorial (lo que también se extrapola a otros ámbitos), por lo que la reciente aprobación de la elección de los Gobernadores Regionales es una buena noticia. No del todo si consideramos que no existe claridad de las competencias (art. 114) con que contarán los GORES, como tampoco el tipo de relación que se generará entre éstos y los Delegados Presidenciales. Pero sí por el hecho de contar con una autoridad democráticamente electa y no designada por el Gobierno de turno, lo que debiese conciliar de mejor forma los anhelos y desafíos de la ciudadanía regional, en la misma línea que dota de autonomía a las regiones, dotándolas de poder de decisión real.

Lo que viene, sin duda, es parte del mismo requerimiento. Y por qué no decirlo, la matriz de acción de los GORES en el futuro. Por tal motivo, y apelando a que en el mediano plazo se avance en iniciativas no tomadas en cuenta en esta oportunidad, tales como la creación de Rentas Regionales (alcanzando, como lo propuso la Comisión Nacional de descentralización, un 35% de gasto autónomo) y la  creación del Fondo de Convergencia (para equilibrar los recursos de regiones dispares), es necesario reconocer como un avance clave la aprobación de la autoridad en cuestión, de igual modo que nos insta a estar atentos y expectantes al proyecto de transferencia de competencias que, entre otras cosas, determinará los lineamientos legales y facultativos para el diseño, elaboración y aplicación de políticas y programas en el territorio regional.

 

Que no prime el miedo, ni mucho menos la incertidumbre respecto del devenir de las regiones. Chile, históricamente, se ha forjado desde y por el desarrollo de su territorio. Dotar de poder a las regiones no atenta y tampoco lo hará en perspectiva del Estado Nacional. Lo que está en juego es la resignificación de la Nación en su conjunto. Aquella consideración que construye ciudadanía desde el territorio. De manera activa y participativa… y no tan sólo de manera receptiva, producto de la toma de decisiones que se concentra en las cúpulas santiaguinas. 


 
 
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