Daniela, de 13 años, estaba a cargo de un programa ambulatorio del Sename en Chiloé, en la comuna de Castro. El Sename había enviado el 3 de marzo un oficio en el que se comprometían a que los adultos responsables que estaban en el programa de familia de acogida realizarían el acompañamiento tras el posible trasplante cardíaco que necesitaba. Llegó al Centro de Trasplante de la Red UC para ser incorporada en la lista de espera. Lo descartó la dirección del hospital, su Comité de Ética y el coordinador de Trasplantes del Minsal, por su condición de “precariedad social, familiar y personal”, en informe que envían al Sename el 26 de marzo. Veintitrés días, demasiado tarde para una decisión urgente.
Al día siguiente -demasiada prisa- se autorizó su traslado a su hospital de origen, en Puerto Montt. Desde el Sename insisten de nuevo con un oficio a la Ministra de Salud. Esta tarda doce días en contestar -demasiado tarde, de nuevo- para que vuelvan a valorar la oportunidad del trasplante. Ya no podía hacerse por el empeoramiento de su salud. La niña falleció el 13 de abril del 2015.
Todos dicen que se ajustaron y “cumplieron” las normas establecidas y que no se discriminó a la niña. Pero algunos actuaron muy tarde. Y más tarde aún se hizo público, dos años y medio después. No sé si “cumplieron” con su deber, lo que no hicieron fue priorizar su atención por su condición extremadamente vulnerable, y esto es un deber de justicia y de solidaridad. Demasiado tarde para una urgencia.
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