Viernes, 29 de Marzo de 2024  
 
 

 
 
 
Opinión

Arica, Los Rios, ahora Ñuble y… ¿Aconcagua?

Por Pablo Rojas Torres, Historiador y Magister en Gobierno y Sociedad.

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El pasado 10 de enero el Senado aprobó la creación de la Región de Ñuble. Sólo dos votos fueron los que rechazaron la iniciativa, mientras en las gradas los 15 ediles de la región en trámite celebraban la superación de otro escollo de esta “cruzada provincialista”. Fue, sin lugar a dudas, una instancia de alegría por el esfuerzo realizado por las autoridades políticas durante tantos años. Pero, más importante aún, fue el reconocimiento ampliado que obtuvo la sociedad civil que se unió bajo un mismo objetivo. Un objetivo de largo plazo, con complicaciones y resistencias de distinta índole que revelan la idiosincrasia de nuestro país –y de las autoridades políticas de turno - que se ha rehusado históricamente a ceder poder a los territorios.

Ejemplos a través de la Historia -como consumación de hechos e interpretación bibliográfica- hay muchos. Sin embargo, como hito fundante hay que situar la imposición del “estado en forma”, desde el centro y para el centro, durante la década del 30´, en desmedro de las pretensiones federales pregonadas desde las provincias. Una medida que catapultó la relación del territorio chileno con la administración del Estado -en tanto relación asimétrica del centro con el resto del territorio nacional- pero que, discursivamente, pareciera ser que encontró validación en el devenir histórico; asumiendo, inclusive, un alto grado de aceptación durante todo el siglo XX, lo que parece cambiar desde el 2005 hasta la fecha. La creación de nuevas regiones es parte de dichos atisbos – aunque insuficientes debido a la falta de políticas descentralizadoras-, y es tal situación precisamente la que se aplaude en perspectiva del contexto general de desafecto de la política, y/o desvalorización de ésta.

El por qué viene dado por una cuestión que puede ser analizada a través de un doble nivel. Por un lado la gestación de la demanda que busca mayor institucionalidad en el territorio que se habita y, por ende, requiere de mayor presencia del Estado en “lo local”. Y en segundo lugar, debido a la movilización –como acto demandante- que se gesta en pro de dicho anhelo. En tales circunstancias, el caso de la región de Ñuble es destacable en todo sentido. Y a su vez debe ser considerado como un modelo que permite visualizar los pro y los contra de la reclamación aconcagüina. ¿Cuáles son?  Y ¿De qué dependen? Son cuestiones que adquieren matices dependiendo de la perspectiva con que se realice el análisis. No obstante,  deben ser tomados en cuenta si se toman el logro de sus objetivos.

Desde un punto de vista general las diferencias no parecen ser tan grandes. El proyecto de Ñuble cuenta con una superficie de 13.178 km2; tres provincias (dos creadas); población de 441.604 habitantes; ausencia de oficinas resolutorias en el territorio; diferencias claras respecto de la actividad económica vs Concepción; etc. Escenario que no difiere con las cifras que presentan “en su conjunto” las provincias de Los Andes, San Felipe, Quillota y Petorca ( 498.863 habitantes {Censo 2002};  11415 km2; discurso de relego histórico, etc) comprendidas como la parte demandante.

¿Dónde están las diferencias? ¿Las hay? Creo que existen. Y es precisamente tal situación las que marcan y han marcado la diferencia entre aquellos casos truncados y aquellos que resultaron exitosos. Por tal motivo, más que respuestas creo es necesario realizar preguntas que develen el camino recorrido y por recorrer. Preguntarnos por ejemplo: ¿tenemos en Aconcagua una Corporación pro región que aúne fuerzas de distintos sectores como si ocurre en Ñuble desde 1997? ¿Existe una proyección determinada de la nueva región de Aconcagua, la que no posea discusión alguna? ¿Se trata de la Comarca de Aconcagua {identificada con Los Andes y San Felipe}? ¿De la V región Cordillera? ¿Existe consenso sociopolítico en torno al rol y estatus que ocupará Quillota dentro de la nueva región? ¿Existe un deseo ciudadano, organizado y consensuado que represente el anhelo regional? ¿Existe un apoyo real de la clase política? Considerando que son ellos los encargados de hacer lobby con el gobierno de turno y con los parlamentarios ¿Tenemos a un Gabriel Valdés -caso de Valdivia- a un Fernando Flores -reclamación ariqueña- o a un Felipe Harboe -caso de Ñuble- que sirva de caudillo en perspectiva de la reclamación? Más allá del personalismo que algunos podrían criticar en la personificación que puede resultar de dicho planteamiento.

Son interrogantes que {creo} tenemos que hacer. Pero más importante aún, son situaciones que se deben debatir, consensuar y deliberar. No dentro de cuatro paredes y a puertas cerradas. No a través de reuniones cooptadas y de espalda a la opinión pública. Sino con participación ciudadana y empoderada. Con una participación que se corresponda al mensaje implícito que trae consigo la reclamación regional; es decir: una reclamación que exige mayor institucionalidad y presencia de las entidades del Estado. Y  que a su vez contempla la necesidad de éste para un mejor devenir en relación con los otros. Una demanda extraña al contexto general que atraviesa la política –que se contradice con el desinterés generalizado que se evidencia en gran parte de las personas- pero por tal motivo, necesaria y positiva para la construcción del mañana.

 

 

 

 

 


 
 
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