RINCONADA (20/10/2020).- El administrador de un fundo fue detenido y puesto a disposición del justicia tras haber amenazado de muerte con una escopeta a un trabajador que había sido despedido, pero que no se quería ir hasta que le pagaran el finiquito.
La situación tuvo su origen cuando la administración de un fundo ubicado en el sector de Las Bandurrias decidió poner término a la relación laboral que mantenía con uno de sus trabajadores de 52 años, quien además vivía en una habitación del predio.
Cerca de las 11 horas, el administrador del fundo de iniciales O.G.I.G., de 45 años, acompañado de la secretaria fueron hasta la habitación del trabajador para que exigirle que se fuera del fundo, ya que estaba cesado de sus funciones.
El hombre se negó a retirarse porque no había firmado su finiquito laboral y consideraba que si lo hacía perdería el dinero.
Posteriormente a eso de las 19 horas el administrador regresó al lugar portando una escopeta de doble cañón, amenazándolo de muerte para que se fuera.
Atemorizado de que el sujeto concretara la amenaza, el trabajador se dirigió hasta la Tenencia de Carabineros de Rinconada a denunciar el hecho.
Personal policial se dirigió en forma inmediata al lugar y se entrevistó con el administrado, quien negó mantener en su poder la escopeta.
No obstante, los Carabineros le solicitaron ingresar a las oficinas del fundo, pero este dijo que no tenía las llaves, razón por la cual se llamó a la Secretaria.
Algunos minutos después arribó la mujer, quien aseguró que no se mantenían armas de fuego en la oficina, pero cuando fue requerida que la abriera y los Carabineros hicieron ingreso, hallaron apoyada en una pared la escopeta calibre 12 de doble cañón y cinco cartuchos de munición.
Como al administrador no tenía permiso para porte y tenencia del arma fue detenido y puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes al día siguiente donde mediante audiencia por video conferencia el fiscal Alberto Gertosio lo formalizó por los delitos de amenazas, porte de arma prohibida y porte ilegal de municiones.
Dada la alta pena asignada a estos dos últimos ilícitos, el tribunal decretó como medida cautelar el arresto domiciliario total y arraigo nacional por los cuatro meses que durará la investigación.
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